Presentan denuncia constitucional contra 79 congresistas que votaron a favor de ley de cuestión de confianza

“El delito de abuso de autoridad se consuma cuando el funcionario público, en este caso 79 congresistas, consuma actos arbitrarios en el ejercicio de su función”, argumentó Guillermo Olivera, el abogado que presentará la denuncia.

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El abogado penalista detalló que su denuncia implica los delitos de abuso de autoridad, en calidad de banda criminal, y por infracciones constitucionales. | Fuente: Agencia Andina
El abogado penalista detalló que su denuncia implica los delitos de abuso de autoridad, en calidad de banda criminal, y por infracciones constitucionales. | Fuente: Agencia Andina

El abogado penalista Guillermo Olivera Díaz, en calidad de ciudadano, presentará una denuncia constitucional contra los 79 congresistas que votaron por la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza el pasado 19 de octubre y que fue rechazada por el Poder Ejecutivo con una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Olivera Díaz, que fue candidato al Congreso por el partido RUNA, por el que postuló a la Presidencia el exministro de Cultura, Ciro Gálvez, acudió la mañana de este miércoles a Mesa de Partes del Legislativo para presentar el documento, sin embargo, no pudo hacerlo, ya que, por la pandemia, el trámite se realiza de manera virtual.

El abogado penalista detalló que su denuncia implica los delitos de abuso de autoridad, en calidad de banda criminal, y por infracciones constitucionales.

El objetivo es que se sancione a todo tipo de infractores. Estamos presentando una denuncia penal contra 79 congresistas por la comisión de dos delitos de abuso de autoridad y el actuar abusivamente en forma arbitraria en banda criminal”, declaró a RPP.

El delito de abuso de autoridad se consuma cuando el funcionario público, en este caso 79 congresistas, consuma actos arbitrarios en el ejercicio de su función”, añadió.

Twitter: @KikesitoRPP
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LEY QUE REGULA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

El Congreso de la República aprobó la tarde del martes 19 de octubre la insistencia a la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución.

Con 79 votos a favor, votos en contra 43 y abstenciones 3. La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, votó a favor.

Con esta ley, el Ejecutivo ya no podrá presentar una cuestión de confianza si el Congreso aprueba una ley que el presidente y su Gabinete consideren que está en contra de la política del gobierno, como ocurrió en 2019, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

Ahora, la cuestión de confianza que puede plantear un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, estará referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno.

DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Poder Ejecutivo presentó dos días después al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política, aprobada por insistencia por el Congreso de la República.

Previamente, el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, indicó que el recurso que se presentó ante el TC se sustenta en tres criterios. El primero, que la norma contraviene el balance de poderes entre ejecutivo y legislativo, tal como lo había mencionado el ministro Aníbal Torres.

El segundo, que contradice la propia jurisprudencia del TC y, tercero, se argumenta que contraviene lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en una opinión consultiva, desarrolla la importancia de la democracia y establece la necesidad de vincularla con el balance de poderes y los derechos humanos.

Entre los pedidos de la demanda se encuentra el pedido al TC un control de convencionalidad, que no solo evalúe la ley aprobada bajo la Constitución o la jurisprudencia, sino también bajo lo resuelto por la Corte Interamericana.

La constitucionalista María Antonieta Gonzales explicó a La República que la Carta Magna al tener un sistema semipresidencialista trató de darle mayores herramientas al Ejecutivo, pero para que no exista un poder sobre el otro se desarrollan ciertos balances.

“Aquí la cuestión de confianza es la cara de una misma moneda que es la censura. Así como el Ejecutivo tiene la potestad de presentar la cuestión de confianza, el Congreso tiene la potestad de censurarlo. No se puede modificar uno sin el otro, de lo contrario se está dando mayor fuerza a un poder sobre el otro”, precisó.

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