Camisea, Guido Bellido y las consecuencias de anunciar una nacionalización del gas natural

Una nueva polémica se ha instalado en el Gobierno y la política de hidrocarburos luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, lanzara un tuit en el que pide la “renegociación” y “el reparto de utilidades a favor del Estado” del gas de Camisea y advirtiera que, si este no se da, se optaría por una nacionalización del yacimiento.

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“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, escribió el premier Guido Bellido.

Más tarde, desde Arequipa, Bellido mencionó que la nacionalización del gas de Camisea fue una promesa de campaña a la que no van a renunciar. “En la campaña se ha dicho claramente que el gas de Camisea tiene que ser para los peruanos. (...) Vamos a dialogar con la empresa que tiene en sus manos este recurso”, dijo tras participar de un encuentro con organizaciones sindicales y sociales.

Las reacciones de distintos especialistas en hidrocarburos y otros políticos llegaron de inmediato y apuntaron a un doble discurso por parte del Estado que, por un lado, tiene a su presidente, Pedro Castillo, buscando generar confianza, en sus últimas reuniones en México y Estados Unidos, para atraer más inversión privada; y, por otro lado, a su premier hablando de una posible nacionalización del gas natural.

CONSECUENCIAS DE ANUNCIAR UNA NACIONALIZACIÓN DEL GAS NATURAL

Aurelio Ochoa, especialista en hidrocarburos, señaló que habría que tomar con pinzas el anuncio de Bellido de una posible renegociación o nacionalización de gas (que obedece capitales nacionales), la cual es diferente a una expropiación, que implica la toma del recurso y las instalaciones por parte del Estado, incluso usando al Ejército.

“Todos los yacimientos, el reservorio de gas, son del Estado, mientras estén en el subsuelo, de acuerdo a la Ley orgánica de hidrocarburos. Eso no ha cambiado. Cuando se extrae, entra el sector privado, nacional o mixto”, dijo al noticiero 90 Mediodía, .

Ochoa recordó que ya en anteriores oportunidades, como en el último gobierno de Alan García, ha habido renegociaciones del gas de Camisea a favor del Estado.

“No debemos basarnos en un tuit de cinco líneas para decir que se ha cambiado de política energética en el país”, expresó.

Ochoa dijo además que hay puntos que se podrían renegociar para que el costo del gas sea menor y no haya una “distorsión respecto al cálculo del precio del gas” en el Perú.

Por su parte, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió un error en la expresión “reparto de utilidades a favor del Estado” que Bellido utilizó en su tuit.

“Todas las empresas pagan impuesto a la renta (...). Las utilidades es lo que le queda a la empresa después de deducir todos los gastos, incluso después de pagar impuestos. Las utilidades es lo que le corresponde a la empresa y no al Estado. En todo caso lo que el Estado tendría que hacer es aumentarle el impuesto a la renta, pero tendría que hacerlo a todas las empresas”, dijo Carlos Herrera también al noticiero 90 Mediodía.

Para el exministro, ni el presidente Pedro Castillo ni el premier Guido Bellido tienen ideas económicas claras.

Por otro lado, Carlos Gonzales, también experto en hidrocarburos, cuestionó que un anuncio de ese tipo se haga a través del presidente del Consejo de Ministros, cuando es al ministerio de Energía y Minas al que le compete referirse a ese tipo de temas.

“De acuerdo a la Ley de hidrocarburos, el responsable de la política de hidrocarburos es el ministerio de Energía y Minas, no la presidencia del Consejo de Ministros. El responsable de la negociación y la renegociación de los contratos de hidrocarburos es Perú Petro y no la PCM”, dijo en declaraciones a Canal N.

Gonzales consideró que el tuit de Guido Bellido es una amenaza que ahuyenta las inversiones privadas y manifestó que “al Perú le costaría más caro la lavada que la camisa” si se diera una expropiación del gas.

“Eso significaría, en un arbitraje internacional, tener que pagar a los de la producción (del gas) toda la inversión que hicieron y a los de la exportación, toda la inversión que realizaron en la planta de licuefacción”, alertó.

“No puedo creer que sea serio, sensato, técnico, económico y legal que alguien pueda plantear una renegociación con una amenaza de por medio. (...) Eso me revela desconocimiento total y ausencia de asesores especializados”, expresó.

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