Canadá descartó ampliar la ley de eutanasia a personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental

Canadá descartó de manera indefinida ampliar su ley de eutanasia a personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental, según anunció el ministro de Justicia, Sean Fraser, el miércoles. La decisión frena una expansión que estaba prevista para marzo de 2027 y pone fin, al menos por ahora, a uno de los debates sanitarios más controvertidos del país.

El gobierno liberal presentará este otoño boreal un proyecto de ley para excluir formalmente la enfermedad mental como único motivo habilitante para acceder a la muerte asistida. Fraser explicó que la medida busca cerrar una discusión que se extendió durante varios años sin alcanzar un consenso médico ni social pleno.

Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 para personas en fase terminal y, en 2021, extendió ese derecho a quienes padecían enfermedades graves e incurables, incluso si la muerte no era “razonablemente previsible”. La intención original era habilitar el acceso sin importar la condición subyacente a partir de 2024, pero esa fecha se postergó tres años mientras el gobierno evaluaba si el sistema de salud mental, ya sobrecargado, estaba en condiciones de sostener la medida.

Sin una intervención legislativa, las personas que sufrieran exclusivamente una enfermedad mental habrían podido acceder a la eutanasia en marzo, cuando vencía la exclusión vigente. Fraser confirmó que el gobierno optó por frenar ese camino: “Canadá ha tomado la decisión de no avanzar con la expansión”, afirmó el funcionario.

El ministro remarcó que la falta de acuerdo no invalida la postura adoptada. “Si bien no existe un consenso perfecto sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto en este momento particular”, sostuvo Fraser.

La definición del gobierno llega después de que una comisión parlamentaria recomendara en junio excluir de forma indefinida a las personas cuya única condición subyacente fuera una enfermedad mental. El panel advirtió sobre la insuficiente oferta de apoyo en salud mental en distintas comunidades del país y sobre el riesgo de que pacientes que sufren opten por la muerte ante la imposibilidad de acceder a tratamiento. El comité también señaló que persiste un debate entre especialistas sobre si una enfermedad mental puede considerarse alguna vez irremediable.

La mayoría de los canadienses respalda el derecho a la eutanasia, aunque en los últimos meses profesionales de la salud reclamaron una revisión de la política, incluidos los mecanismos mediante los cuales los pacientes obtienen la aprobación para terminar con su vida.

El proyecto de ley que el gobierno presentará en los próximos meses incluirá también disposiciones sobre solicitudes anticipadas de eutanasia, pensadas para personas que, tras un diagnóstico de enfermedad grave, pierdan en el futuro la capacidad de tomar esa decisión por sí mismas, como ocurre en casos de demencia o de la enfermedad de Alzheimer.

Fraser precisó que serán las provincias las que decidan si ofrecen o no este tipo de solicitudes anticipadas, ya que son ellas las que administran la prestación de los servicios de salud. Esa definición podría derivar en reglas distintas según el territorio.

Quebec ya permite las solicitudes anticipadas para personas con diagnóstico de enfermedades graves e incurables que conducen a la pérdida de capacidad, como el Alzheimer. Alberta, en cambio, aprobó en marzo una legislación que prohíbe ese mecanismo.

El gobierno además modificará el Código Penal de Canadá para garantizar que los médicos que cumplan con los criterios establecidos para la eutanasia no sean procesados como delincuentes. Fraser indicó que el país solo permitirá la eutanasia en aquellas provincias que legislen el acceso para personas “que padezcan enfermedades incurables y sufran un dolor insoportable” y que cuenten con garantías rigurosas en su implementación.

Canadá cuenta con una de las legislaciones de eutanasia más permisivas del mundo. A diferencia de la mayoría de los países, habilita a personas con condiciones médicas graves pero no terminales a solicitar una muerte asistida, un rasgo que distingue su marco normativo del de otras naciones que restringen el acceso a enfermos en fase final.

La organización Dying with Dignity calificó la exclusión de personas que solicitan la eutanasia por motivos de enfermedad mental como una violación de la Carta de Derechos y Libertades del país. La entidad participa de manera activa en múltiples demandas judiciales contra el gobierno por esa restricción.

Los cambios anunciados se producen en medio de un debate que continúa sin resolverse sobre las protecciones necesarias para las personas en situación de vulnerabilidad frente al acceso a la muerte asistida.