El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció oficialmente a la República Popular China como “la única China). Se trata de una decisión que va en línea con la administración del Partido Comunista que lidera Xi Jinping, que tiene entre sus principales objetivos recuperar el dominio sobre la isla.
En una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua hizo pública se lee: “El Gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el Mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino”.
“El Gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán y deja de tener cualquier contacto o relación oficial”, agregó el comunicado.
La cuestión Taiwán es consecuencia de la guerra civil que terminó, en octubre de 1949, con la fundación de la República Popular China. Tras la derrota, una parte de los militares y funcionarios administrativos del Kuomintang (derrotados por los comunistas) se refugiaron en la isla, donde establecieron un régimen separatista mediante las fuerzas armadas.
Desde entonces, Taiwán representa, esencialmente, una lucha por una sola China o por la independencia definitiva. El actual gobierno de Xi Jinping fue muy enfático al advertir que cualquier reconocimiento formal de la independencia de Taiwán dará lugar a medidas contundentes.
En los últimos tiempos la dictadura nicaragüense estrechó sus vínculos con regímenes autoritarios como el de China, Venezuela o Cuba tras las fraudulentas elecciones en las que Ortega se proclamó ganador en medio de una brutal represión y persecución contra la oposición.
Con Estados Unidos a la cabeza, gran parte de la comunidad internacional ha venido reclamando el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de unos comicios libres y democráticos.
Este jueves, Washington reiteró que utilizará “todas las herramientas” disponibles para “promover la democracia en Nicaragua”, a cuyo gobierno sancionó tras acusarlo de cometer abusos y represión, según indicó la subsecretaria de Estado, Emily Mendrala.
El lunes pasado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió a la comunidad internacional que anule las sanciones contra el régimen de su esposo, Daniel Ortega, reelecto para un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios con la mayoría de sus rivales detenidos arbitrariamente.
“Estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas, por medio de la OEA, de otros actores en el mundo y con sanciones a quienes participan en las acciones antidemocráticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expuso Mendrala, de visita en Costa Rica.
“Es una manera en la que podemos promover la democracia en Nicaragua y los valores democráticos en esta región”, añadió en una conferencia de prensa en español, tras reunirse en Costa Rica con nicaragüenses exiliados.
“La democracia y la anticorrupción son una prioridad para nuestra seguridad nacional”, agregó.
Más de 100.000 personas abandonaron Nicaragua después de las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018. “Mucha gente en Nicaragua está huyendo del régimen Ortega-Murillo”, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos, indicó Mendrala.
Para Washington, la corrupción contribuye a la migración porque impide que los ciudadanos encuentren oportunidades en su propio país.
Como parte del incremento de sus sanciones en noviembre, Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio de Ortega, Murillo y varios funcionarios estatales.
“La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe”, sostuvo recientemente el presidente Joe Biden.
Washington también aprobó la ley Renacer, que presenta un arsenal de medidas para abordar lo que considera corrupción y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
Ortega, un ex guerrillero de 76 años, fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo el 7 de noviembre, con al menos 40 opositores presos en los meses previos a los comicios.
El dictador nicaragüense aduce que sus opositores son “terroristas” y “criminales” que buscaban derrocarlo con el apoyo de Washington.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros tantos organismos internacionales, advirtieron que las elecciones no fueron libres, justas o transparentes.
Con información de AFP
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