
Los países de la Unión Europea (UE) están decididos a dar un nuevo impulso a la protección de sus fronteras y a la lucha contra el extremismo después de los últimos ataques ocurridos en Francia y Austria, que han vuelto a poner el terrorismo en lo más alto de la agenda política europea.
Este viernes, cuando se cumplieron cinco años de los atentados contra la sala Bataclan y otros puntos de París, los ministros de Interior de la UE participaron en una videoconferencia en la que adoptaron una declaración que condena los ataques y subraya la “unidad y solidaridad” de los países en esa lucha.
“Es una señal fuerte de que estamos juntos en esto”, dijo en rueda de prensa el ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.
El objetivo es completar las medidas en las que ya se ha empezado a trabajar, pero además poner en marcha otras nuevas, por ejemplo en el ámbito de las comunicaciones encriptadas que utilizan los terroristas.
Por su parte, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, anunció tras la reunión que tiene previsto presentar el próximo 9 de diciembre una nueva agenda contra el terrorismo en la UE. A finales de noviembre, añadió la comisaria, se celebrará el primer foro para hablar de cómo reforzar el espacio de libre circulación Schengen y en mayo de 2021 Bruselas propondrá una estrategia en ese sentido.
La declaración de los ministros incide en el “largo y penoso camino” que han tenido que recorrer los países europeos hasta reconocer la libertad de religión y subraya la necesidad de combatir, a través del Estado de derecho, los intentos extremistas de destruir ese principio. Fuentes del Ministerio español del Interior admitieron que el borrador inicial incluía una referencia explícita al Islam, que finalmente no figura en el texto adoptado, porque España y otros países creyeron preferible que no apareciera.
El objetivo, dijeron las fuentes, es luchar contra cualquier tipo de terrorismo y dejar claro el respeto a todas las religiones. La declaración dice textualmente: “Nuestra lucha contra el terrorismo no se dirige contra ninguna creencia religiosa o política, sino contra el extremismo fanático y violento”.
Se pide en particular a la Comisión que apoye las iniciativas que ayuden a comprender las causas de raíz del extremismo y se aboga por “promover que la educación y formación religiosa, preferiblemente dentro de la UE, esté en línea con los derechos y valores fundamentales europeos”. En ese contexto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso esta semana coordinar una formación de imanes a nivel europeo para evitar influencias extranjeras.
REFORZAR EL FUNCIONAMIENTO DE SCHENGEN
“Hay que optimizar la protección de nuestras fronteras externas, tenemos que saber quién entra y quién sale”, tiene que haber más intercambios entre los países sobre esos datos y de los desplazamientos en la UE, señaló por su parte el ministro alemán.
Los ministros incluyeron un apartado específico para subrayar la necesidad de intercambiar datos sobre personas que supongan una amenaza terrorista, dado que muchos de los atacantes de los últimos años eran ya conocidos por las autoridades de algunos de los países por su extremismo. También subrayaron la necesidad de impedir que los combatientes extranjeros entren sin ser detectados en el espacio Schengen.
Uno de los ámbitos donde más se puede mejorar es en la cooperación policial entre países, subrayó Seehofer. Los Estados pidieron este viernes a la Comisión una propuesta para revisar el mandato de Europol, destinada a permitir el tratamiento de datos.

La UE se ha propuesto “adoptar una acción sistemática para prevenir la radicalización en Europa” y evitar “todo tipo de propaganda extremista, la predicación de la violencia” y la financiación del odio y el extremismo violento. También quiere medidas “más eficientes” contra la radicalización en las cárceles y en relación con la liberación de extremistas y condenados por terrorismo.
“El ataque islamista a un profesor en Francia demuestra una vez más lo importante que es combatir los contenidos ilegales ‘online’, la propaganda terrorista, la incitación al odio y la desinformación”, dice el texto. Considera que las redes sociales y otros proveedores de servicios de alojamiento “tienen la responsabilidad de asegurar que sus servicios no sean utilizados para actividades ilegales que promuevan la delincuencia, el terrorismo o el odio” y confían en que la futura normativa sobre Servicios Digitales aumente esa responsabilidad, con sanciones y otras medidas.
El texto hace hincapié en la necesidad de mejorar la integración de los inmigrantes y subraya que esos esfuerzos deben ir en ambos sentidos: por parte de los países que acogen, pero también de las personas que llegan de fuera.
“Las violaciones del orden democrático y los valores de los Estados miembros europeos o de sus leyes nacionales no deben minimizarse ni tolerarse, independientemente de lo que las motive”, señala.
Pide además denegar financiación pública, tanto nacional como europea, para las organizaciones que no actúen según las normas y que apoyen contenidos contrarios a los derechos y libertades fundamentales.
Con información de EFE y Europa Press
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