Las bancadas del llamado “bloque opositor” en la Cámara de Diputados anunciaron este domingo que interpondrán una acción de inconstitucionalidad tras la aprobación de la “Ley Zaldívar”, una reforma a las leyes secundarias del Poder Judicial que incluyó un apartado para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue considerado por expertos juristas y críticos como un “golpe de estado” al Poder Judicial.
El PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), MC (Movimiento CiudadanO) y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) promoverán de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía por dos años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Indicaron que la aprobación en el Congreso de la Unión del artículo en cuestión no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución mexicana, sino que, adicionalmente, “compromete la independencia del Poder Judicial”.
“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal y subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”, señalaron en un comunicado conjunto emitido este domingo los partidos de oposición.
Ante ello, los partidos indicaron que tienen como deber impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos.
“No atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales. Desde este Poder Legislativo debemos favorecer el control democrático del Poder Judicial involucrando a la opinión pública, a la academia y asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales”, manifestaron.
“Una democracia que alcance a todas y todos, principalmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que permee las estructuras sociales y sirva para construir una convivencia ética y pacífica”, concluyeron.
Por esa razón, reiteraron, promoverán de forma conjunta la acción de inconstitucionalidad, “convencidas de que las y los ministros de la SCJN compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de derecho y la democracia”.
Por su parte, luego de la aprobación de la ampliación de su mandato en el Congreso mexicano, Zaldívar rompió el silencio. “Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegar a presentar ante la Suprema Corte, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”, señaló.
Este paso ya se ha dado este domingo, encabezado por el bloque opositor. Además, Zaldívar dijo que ejercerá el cargo de presidente de la SCJN y del CJF (Consejo de la Judicatura Federal) “por el periodo para el cual fue electo por sus padres. “Estaría la determinación de la suprema corte respecto del precepto en cuestión”, añadió.
“Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de la sentencias como las personas juzgadora debemos y esperamos ser evaluadas”, aseveró Zaldívar.
Cuando el caso llegue al Pleno de la Suprema Corte (Zaldívar como presidente determinará en qué momento se turna), es una incógnita por ahora si la cabeza del Poder Judicial se excusará de la discusión que lo involucraría, ya que estará en cuestión la ampliación de su propio mandato. Para declararlo inconstitucional, la Corte necesita ocho de los 11 votos de los ministros, 10 si Zaldívar decide no participar.
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