El calvario que vive una árbitro de tenis: fue acusada de matar a su marido y ahora quiere limpiar su nombre

Era agosto del 2012. La Policía, junto a los medios de comunicación, interceptaron a Lois Goodman mientras salía del hotel en donde se hospedaba durante el US Open, evento que arbitraba. Ante la constante mirada de las cámaras, las autoridades la esposaron y arrestaron por el asesinato de su esposo, Alan Goodman.

La muerte había ocurrido cuatro meses antes de aquel episodio, el cual la marcó de por vida debido al operativo mediático que se montó. Cuatro meses después del arresto, la fiscalía de Los Ángeles reconoció que no había pruebas concretas y le retiró los cargos, pero ya era tarde. Hoy, seis años después, Goodman continúa luchando para salvar su reputación.

En mayo del 2012, la árbitro de tenis halló a su esposo muerto en la cama junto a una taza de café destrozada. Automáticamente la policía informó que Goodman había golpeado a su esposo con ese recipiente causándole la muerte.

En principio, el médico forence adjunto Yulai Wang había caratulado la causa como un accidente, sin embargo, con el correr de los meses cambió el certificado de defunción de Alan a un homicidio sin explicación.

Finalmente, en diciembre del mismo año, la mujer de 76 años era declarada inocente tras pasar por distintas pruebas como la del detector de mentiras. Además, otros dos expertos revisaron el informe de la autopsia afirmando que todo apuntaba a un accidente.

No había rastros de sangre, producto de un hipotético golpe, tampoco ADN de la mujer en la taza, ni sangre de su esposo en la ropa que usó ese día.

Pero ya era tarde, aquel arresto que sufrió en las puertas del hotel donde se hospedaba quedó en la retina de miles de espectadores.

Este miércoles, Goodman se presentó en la corte federal para tratar su demanda y alegó que el forense de Los Ángeles la privó de sus derechos civiles falsificando el informe de aquella autopsia.

La oficina forense, quien aun tiene como empleado a Wang, niega las acusaciones a pesar de las palabras del jefe médico forense del condado de San Bernardino, Frank Sheridan, quien aseguró que el informe estaba extremadamente "por debajo del estándar", según los registros judiciales.

La demanda abarcó al Departamento de Policía de Los Ángeles, a los detectives que investigaron el caso, a la oficina forense y a Wang, además de USD 100.000 que gastó en el caso y los daños emocionales que sufrió.

La petición dio varios giros, hasta que finalmente concluyó en que los únicos apuntados debían ser la oficina forense y Wang, ya que el Tribunal de Apelación dictaminó que la policía no estaba involucrada porque confiaba en la conclusión del informe.

"La humillación pública es interminable. Hay susurros y dedos apuntándola donde quiera que vaya", aseguró el abogado Rober Sheahen, quien también reconoció el sufrimiento diario de Lois Goodman, la cual perdió el trabajo debido a la caída de su reputación

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