La Justicia de Paraguay ordenó este lunes trasladar al ex presidente Santiago Peña a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, después de que se confirmara que gozaba de privilegios en el regimiento donde cumplía prisión preventiva desde hace diez días por el colapso del banco Ueno. La orden la firmó el juez penal de garantías Osmar Legal, según una comunicación judicial.
Según el magistrado, el traslado busca garantizar el efectivo cumplimiento de la prisión preventiva, que se decretó el 7 de noviembre. Legal pidió además a las autoridades de la prisión que adopten todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del ex mandatario, y que presenten un informe detallado sobre los protocolos de seguridad que aplicarán durante su permanencia.
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Las denuncias de privilegios
La decisión llega después de que el presidente, Pedro Alliana, destituyera al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar donde estaba Peña. Dayub había asumido el cargo el 20 de octubre. Alliana, quien era vicepresidente y asumió la presidencia tras la destitución de Peña, ordenó al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción de Dayub tras las denuncias de presuntos privilegios para el ex mandatario.
El diario ABC Color había difundido fotografías de máquinas y equipos de gimnasia instaladas en una sala de reuniones del Comando de Seguridad del regimiento. González dijo a la radio ABC Cardinal que consultó con Dayub y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos. El ministro reconoció que se debe garantizar “la atención que se merece el ser humano”, pero advirtió que no se permitirá “ningún privilegio”. Dayub había declarado antes a medios locales que Peña estaba en “una habitación normal”, con una cama, un ropero, un ventilador, un aire acondicionado y un baño privado.
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El caso Ueno Bank

Peña, un economista de 47 años, quedó salpicado por la caída de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras privadas de Paraguay, que afectó a unos 2,94 millones de clientes. Entre ellos hay instituciones públicas que, durante su gestión, trasladaron grandes sumas de dinero al banco, hoy intervenido. El Banco Central había iniciado un procedimiento de resolución de la entidad tras detectar que su índice de solvencia estaba muy por debajo del mínimo legal. La Fiscalía sostiene que Peña mantenía una relación económica y corporativa previa con el grupo al que pertenece el banco.
El Senado destituyó a Peña en un juicio político, el procedimiento con el que el Congreso puede apartar al presidente por “mal desempeño de funciones”. El ex mandatario fue detenido esa noche del viernes 6 de noviembre en su casa de Asunción. Como un grupo de manifestantes llegó hasta el lugar, fue llevado por razones de seguridad al Regimiento Escolta Presidencial. Al día siguiente, el juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en esa misma unidad, con el argumento de que “maneja demasiada información sensible” y por eso no debía ir a una cárcel común.
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Peña está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, un delito que la Fiscalía ampliaba en los últimos días. El expediente se llama “Santiago Peña Palacios y otros”, y la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas a uno de los fundadores del banco. La defensa de Peña se abstuvo de declarar en la audiencia y el expresidente no hizo comentarios sobre el traslado. Como en cualquier proceso penal, rige la presunción de inocencia.
Un juez se aparta
Este lunes, además, el juez Otazú anunció que se aparta de la causa por motivos familiares relacionados con Marco Aurelio González, exdirectivo del Banco Central también imputado. La causa pasó a manos de Legal, que fue quien ordenó el traslado.
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