
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió una definición responsable sobre el proyecto minero de Donoso y advirtió que el país enfrenta, a seis semanas de terminar el 2026, decisiones que “no admiten espera” en materia económica y laboral.
En un planteamiento dirigido a la Asamblea Nacional y al Gobierno, el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, sostuvo que el futuro de la mina requiere una posición “apegada al marco jurídico y bien sustentada en lo económico, social y ambiental”. Para el dirigente empresarial, el proyecto representa una oportunidad para diversificar la matriz económica del país y generar empleo.
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El empresario recordó que, en enero de 2027 la Asamblea Nacional retomará debates sobre incentivos turísticos, asociaciones público-privadas (APP) y reforma eléctrica, iniciativas que calificó de determinantes para la inversión, la competitividad, el empleo y la democracia del país.
Según el presidente de la CCIAP, los incentivos turísticos pueden atraer inversión, diversificar la oferta y generar empleo en distintas regiones del territorio.
La reforma a la Ley de APP, agregó, facilitaría proyectos de infraestructura y participación privada mediante procesos más ágiles, con transparencia, libre competencia y responsabilidad fiscal.

Sobre la reforma eléctrica, planteó que la discusión debe orientarse a mejorar la calidad, la eficiencia y la continuidad del servicio, además de reforzar la protección de infraestructuras críticas consideradas claves para la competitividad del país.
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El dirigente hizo un llamado a los diputados: “Dejar a un lado beneficios partidistas y que legislen para el bien de todo el país”, en referencia al próximo periodo legislativo.
A su juicio, el trabajo del Legislativo debe ser “responsable, riguroso y participativo” para producir leyes que beneficien a la mayoría.
Panamá proyecta un crecimiento económico cercano al 4% para 2027, según la estimación que citó Barría Pino.
La cifra la calificó como alentadora, aunque advirtió que depende en gran parte de sectores orientados al exterior, como la logística, el transporte aéreo, el Canal, el centro bancario internacional y la Zona Libre.
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El gran desafío del país no es el crecimiento macroeconómico sino la generación de empleo formal y según el planteamiento de la Cámara de Comercio, se necesita dinamizar sectores internos como la construcción, la infraestructura, la minería y el turismo, que son los que efectivamente emplean mano de obra panameña dentro del territorio.
Para lograrlo, Barría Pino enumeró necesidades puntuales por sector. El comercio requiere menos burocracia para crecer. La logística necesita infraestructura moderna y eficiente. El turismo debe convertir cada visitante en una oportunidad económica.
La construcción, dijo, precisa proyectos que activen inversión y empleo, mientras que la industria necesita ganar productividad y capacidad exportadora.
El sector agropecuario reclama competitividad y acceso a mercados, y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) demandan financiamiento y facilidades para formalizarse.
El dirigente también vinculó el futuro económico del país con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Señaló que proteger el grado de inversión de Panamá exige disciplina fiscal, calidad del gasto y seguridad jurídica, condiciones que consideró fundamentales para atraer capital y sostener la confianza de los inversores.
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Mantener la calificación crediticia del país funciona como un requisito de entrada para que lleguen nuevas inversiones: sin disciplina en las cuentas públicas y sin reglas claras, los capitales externos difícilmente se comprometen con proyectos de largo plazo, según el diagnóstico planteado por el titular de la Cámara.
Barría Pino cerró su planteamiento con un ofrecimiento institucional. Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, dijo, reafirman el compromiso de “aportar y fortalecer el trabajo coordinado con el sector público y con todos los actores de la sociedad”.
El objetivo de ese trabajo conjunto, según el presidente del gremio empresarial, es continuar impulsando el bienestar nacional en un momento que considera decisivo para la economía panameña, antes de que arranque el nuevo periodo legislativo en enero de 2027.
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