Fiscales y agentes de la Policía Nacional de Paraguay allanaron el domingo por la tarde la casa de verano del ex presidente Santiago Peña en San Bernardino, en la zona de Ciervo Cuá (departamento de Cordillera). La diligencia forma parte de la causa por el cierre de Ueno Bank, en la que Peña está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. El Senado lo había destituido dos días antes mediante juicio político.
El procedimiento, encabezado por los fiscales Christian Benítez y Silvia González Véster, empezó poco antes de las 19h. Hasta la noche del domingo no se había informado qué documentos o bienes se incautaron.
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La casa ocupa un lugar central en la imputación. Según el escrito fiscal, el 13 de mayo de 2024, con Peña ya en la presidencia, Ueno Bank le concedió dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes (unos USD 600.000) para levantar la residencia, cuyo costo rondó los 7.700 millones de guaraníes (unos USD 1,3 millones). Las cuotas mensuales, de 239 millones de guaraníes, equivalían a seis veces su sueldo presidencial de 37,9 millones.
El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) decidió por unanimidad el 2 de noviembre intervenir Ueno Bank, después de que los ajustes en sus estados financieros dejaran su índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal. El banco, controlado por el Grupo Vázquez desde que este compró la Financiera El Comercio en 2021, tenía 2,9 millones de clientes y era el quinto del país por volumen de depósitos.
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Peña compró en marzo de 2019 1.500 acciones de Credicentro, la sociedad que después se convirtió en Ueno Holding, y las conservó durante los dos primeros años de su mandato, hasta abril de 2025. En ese periodo, organismos públicos y el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país, colocaron en Ueno depósitos por 3,6 billones de guaraníes y USD 233,4 millones. La Fiscalía sostiene que Peña intervino en la colocación, renovación y permanencia de esos fondos y calcula el perjuicio en USD 809,5 millones.
El congelamiento de las cuentas, anunciado el 3 de noviembre, llevó a la calle a ahorristas y jubilados. El miércoles, la policía dispersó con gases lacrimógenos y camiones hidrantes a los manifestantes en Asunción. El jueves 5, miles de personas se concentraron ante el Congreso para exigir el juicio político y quemaron un muñeco con la figura de Peña. Por la noche, un grupo apedreó una sucursal de Ueno en el microcentro. Hubo siete detenidos y un policía herido.
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Peña presentó su renuncia ese jueves, pero los legisladores oficialistas no dieron quórum para tratarla. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación y el viernes 6 el Senado lo destituyó por mal desempeño de funciones con 44 votos, tras rechazar su pedido de 72 horas para preparar la defensa. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia y Peña fue detenido esa misma noche.
El sábado, la Fiscalía lo imputó como instigador de lesión de confianza y autor de administración en provecho propio. Peña se abstuvo de declarar. El juez de garantías Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, una instalación militar de Asunción, y la justicia congeló sus bienes y cuentas. El ex presidente del BCP Carlos Carvallo, imputado en la misma causa, también quedó en prisión preventiva.
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La devolución a los depositantes avanza con el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos USD 38.000) por persona. El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, informó que el jueves y el viernes 1.196.000 ahorristas recibieron transferencias por 996.000 millones de guaraníes, unos USD 160 millones, de los cerca de 1,9 millones que deben cobrar. El IPS tiene unos USD 355 millones invertidos en el banco, según su director de Inversiones, Hugo Díaz.
Desde este lunes, el BCP empezará a pagar a los ahorristas con deudas en Ueno, tras descontar sus obligaciones vencidas. Los saldos que superan el tope de la garantía, que según estimaciones oficiales corresponden a unos 87.000 clientes, quedan fuera del fondo, y el BCP no garantiza su devolución.
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