Organizaciones sindicales, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes y colectivos sociales se movilizaron el jueves 8 de octubre en tres ciudades de Ecuador para exigir al Gobierno del presidente Daniel Noboa mejoras en los servicios públicos, mayor inversión en educación y salud, estabilidad laboral y medidas frente a la inseguridad. Las manifestaciones se desarrollaron en Quito, Latacunga y Cuenca, como parte de una convocatoria nacional impulsada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras organizaciones sociales.
En la capital ecuatoriana, los manifestantes se concentraron en los exteriores de la Caja del Seguro Social y recorrieron la avenida 10 de Agosto hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Durante la movilización, los participantes exhibieron pancartas contra las políticas gubernamentales y reclamaron respuestas a las demandas de trabajadores, docentes y jubilados. Según reportó la agencia EFE, algunos manifestantes quemaron una figura de cartón con la imagen del mandatario.
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La protesta también incorporó reclamos relacionados con la violencia, los feminicidios y las desapariciones. Organizaciones sociales cuestionaron la situación de seguridad del país y solicitaron respuestas institucionales frente a estos problemas. La jornada en Quito transcurrió sin que se reportaran enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la fuerza pública.
En Latacunga, capital de la provincia andina de Cotopaxi, alrededor de 1.500 personas participaron en una movilización que reunió a trabajadores sanitarios, docentes, universitarios y representantes sindicales, según informó Ecuavisa. A las exigencias nacionales se sumó el rechazo al incremento de las tarifas del transporte, una preocupación que los manifestantes relacionaron con la eliminación del subsidio al diésel y sus efectos sobre los gastos cotidianos.
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Mientras tanto, en Cuenca, capital de Azuay, organizaciones sindicales y educativas se concentraron en el Parque Calderón, frente a la Gobernación provincial. Los participantes exigieron mayores recursos para los servicios públicos y cuestionaron las decisiones económicas del Ejecutivo. Las movilizaciones en ambas ciudades se desarrollaron de manera pacífica, de acuerdo con los reportes periodísticos.
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, declaró a EFE que las protestas respondían a la falta de respuestas gubernamentales a los planteamientos de las organizaciones laborales. Entre sus principales preocupaciones mencionó el desabastecimiento de medicamentos, las condiciones de empleo y el incremento del costo de vida. También cuestionó las dificultades para establecer espacios de diálogo con las autoridades.
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Por su parte, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), expresó su preocupación por las consecuencias económicas de las medidas gubernamentales. El dirigente advirtió sobre posibles afectaciones al empleo y la producción derivadas de las restricciones de suministro eléctrico aplicadas a determinadas actividades industriales.
Las manifestaciones fueron preparadas durante una asamblea de organizaciones sociales celebrada el 26 de septiembre. Según publicó Expreso, en ese encuentro participaron representantes sindicales, docentes, jubilados, mujeres, jóvenes y sectores campesinos e indígenas, quienes acordaron una plataforma de reivindicaciones que también incluyó la defensa de recursos estratégicos del Estado y el cumplimiento de consultas populares ambientales.
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Los convocantes habían anunciado actividades en al menos 19 provincias, aunque los reportes disponibles documentaron movilizaciones en las tres ciudades mencionadas. No se difundió un balance nacional consolidado de participantes.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, planteó extender las protestas e incorporar a organizaciones indígenas y campesinas. De acuerdo con CORAPE, los dirigentes sindicales también contemplan nuevas movilizaciones durante noviembre, aunque todavía no se ha confirmado un calendario nacional.
La jornada reunió demandas laborales, educativas, sanitarias y de seguridad en distintas regiones del país. Los organizadores anticiparon que mantendrán sus reclamos ante el Ejecutivo y buscarán ampliar la participación de otros sectores sociales en las próximas convocatorias.
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