La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva de Fernando Cerimedo por seis meses en una cárcel de máxima seguridad

Un tribunal boliviano dictó este sábado una segunda detención preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en un caso por supuesto enriquecimiento ilícito, que se suma al proceso por presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja Nadia Beller, por el que se encuentra detenido en una prisión de la región oriental de Santa Cruz.

El juez Douglas Borda resolvió, tras una audiencia virtual que duró alrededor de seis horas, que Cerimedo cumpla “seis meses” de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, aunque no se explicó cuál de los dos procesos prima para la ejecución de un eventual traslado.

El abogado Ernesto Giraldes, parte de la defensa del argentino, aseguró a la red de televisión UNO que la Fiscalía “no pudo demostrar” cómo fue que su defendido afectó al Estado y también señaló que se ha objetado la decisión judicial, dado que la vida de su defendido “corre peligro” si lo cambian de penal.

Desde su celda en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Cerimedo participó de forma virtual de la audiencia realizada en La Paz, donde la fiscalía boliviana presentó una segunda imputación en su contra, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito. “Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo ante el tribunal, en una de las tres oportunidades en que quebró en llanto durante la jornada, de acuerdo a lo consignado por el diario local El Deber. Todas estuvieron vinculadas a referencias sobre su familia.

El enriquecimiento ilícito se suma a los cargos previos que pesan sobre el estratega digital argentino. Cerimedo ya guardaba detención preventiva por seis meses en Palmasola por un primer proceso relacionado con la tentativa de feminicidio de su ex novia, la abogada boliviana Nadia Beller, de 33 años, quien sobrevivió a tres disparos. A ese expediente se añaden otros dos procesos activos: uno por violencia intrafamiliar y otro por legitimación de ganancias ilícitas. Una cuarta investigación sobre presunto tráfico de drogas también se encuentra en curso.

La fiscalía informó que durante los allanamientos a domicilios vinculados al acusado se confiscaron 500.000 dólares en efectivo, además de moneda nacional boliviana y euros en cantidades no especificadas. En la audiencia, Cerimedo respondió que sus ingresos anuales alcanzan el millón de dólares, cifra que atribuyó a su actividad como consultor y estratega de campañas políticas.

“Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”, sostuvo el imputado. En ese sentido, rechazó la versión del Ministerio Público según la cual intentó eludir a la justicia y señaló que su comparecencia fue voluntaria: “Falsamente fue comprobado en otro caso que yo no me estaba escapando”.

La audiencia tuvo un momento de alta tensión política cuando Edmand Lara, vicepresidente del Estado boliviano, tomó la palabra para solicitar el traslado de Cerimedo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El estratega argentino respondió con dureza.

“Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, diciendo de que yo tenía un gran poder en el Órgano Ejecutivo, una alta influencia: si yo hubiese tenido una alta influencia, señor juez, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, afirmó.

Negó también las caracterizaciones que, según él, Lara realizó sobre su persona: “No soy un asesino como dijo el mitómano del vicepresidente, que ya me está juzgando a modo de condicionar a los jueces. No soy un narcotraficante —he denunciado narcotráfico con resultados positivos—. Y no soy un violento, señor juez”.

Para el acusado, la presencia del segundo mandatario en la audiencia no fue casual. “Parece a modo de amedrentar o de querer influir sobre decisiones, por una cuestión personal que él tiene conmigo, porque él cree que su fracaso en la gestión tiene que ver con decisiones mías, las cuales yo no tomé”, disparó.

La tarjeta, Beller y la distancia con Paz

Otro eje del debate fue una tarjeta personal hallada en poder de Cerimedo en la que figuraba un cargo de “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz. El estratega descartó que ese título tuviera validez. Explicó que se trató de “un modelo de tarjeta que pedí, pero que no se imprimió porque no existe el cargo”. Añadió que, incluso si hubiese ingresado formalmente al aparato estatal, ese puesto no habría tenido lugar porque “no es un ítem que exista en el Estado”.

Cerimedo reconoció su vínculo con Paz, aunque lo acotó al terreno de la consultoría electoral: asesoró al actual mandatario durante la segunda vuelta que le dio la victoria y estuvo presente en los primeros tramos del gobierno, aunque sin cargo formal en la estructura estatal, según confirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez.

“Vine a Bolivia a instalar mis empresas digitales y planeaba traer a mi familia. Con el presidente tuve una charla de amigos; yo viajaba de forma permanente y el presidente requería una persona permanente y presente, lo cual yo no podía cumplir”, explicó en la audiencia.

Sobre Beller agregó: “Lo de Nadia Beller fue una aventura y toda la acusación se basa en TikTok. Me arruinó la vida”.

Paz, por su parte, marcó distancia pública del argentino hace dos días en un mensaje televisivo: “Jamás tuvo autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”.

El escándalo que sacudió a Bolivia

El caso Cerimedo desencadenó uno de los mayores escándalos políticos que afronta el gobierno de Paz. Beller, quien fue novia del estratega, lo acusó de enviar sicarios para silenciarla. Tras sobrevivir a los disparos, lanzó una serie de acusaciones que salpicaron a ministros de Estado, legisladores y miembros del entorno presidencial, a quienes vinculó con el pago de sobornos.

Al cierre de la audiencia del sábado, el juez no había resuelto aún la solicitud del vicepresidente Lara de trasladar a Cerimedo a Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de Bolivia.