Bolivia abre una revisión judicial por presunta influencia de Rodríguez Zapatero en un litigio empresarial

La entidad encargada de la administración y disciplina del sistema judicial en Bolivia anunció una revisión del fallo que favoreció a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), luego de que se revelaran indicios de injerencia política que involucran al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y a exautoridades bolivianas.

Aunque no tiene tuición sobre el fallo, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que buscarán determinar si hubo irregularidades en el proceso de resolución de una Sala Constitucional que liberó a la empresa de pagar 107 millones de dólares a la cementera boliviana Fancesa en un litigio por competencia desleal.

“Vamos a hacer un levantamiento técnico y determinar responsabilidades a través de Control y Fiscalización y de la Unidad de Transparencia. Si amerita procesos penales, también los vamos a iniciar”, afirmó Spencer, citado por la prensa local.

Esta es la segunda investigación que se anuncia en Bolivia sobre el caso. Días atrás, la bancada de oposición en el Senado solicitó la instalación de una comisión que indague la presunta injerencia en el fallo judicial.

El caso que está relacionado con una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que vincula al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con presuntas gestiones realizadas ante autoridades bolivianas del gobierno de Luis Arce (2020-2025) en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que mantiene intereses en Bolivia a través de Soboce.

Según un informe policial, el exmandatario español habría recibido 200.000 euros por labores que los investigadores consideran una “dinámica de intermediación e influencias” destinada a beneficiar a esa compañía. La UDEF sostiene que el pago fue canalizado mediante la empresa Focus Social Research y que fue presentado formalmente como un contrato de consultoría.

El informe señala que la remuneración era por ejercer influencia en decisiones de autoridades bolivianas relacionadas con un litigio que enfrentaba a Soboce con Fancesa, la cementera pública del departamento de Chuquisaca.

En ese proceso, Soboce fue condenada por la Justicia boliviana a pagar una compensación de aproximadamente 107 millones de dólares por competencia desleal, aunque posteriormente esa determinación fue anulada de manera provisional y quedó pendiente de revisión constitucional.

Entre las personas mencionadas por los investigadores figura el expresidente Luis Arce, además de ministros de Estado y otros funcionarios de alto nivel.

A través de un comunicado difundido este jueves, Arce rechazó las acusaciones y negó nexos con el presunto caso de tráfico de influencias.

El exmandatario —recluido en prisión por un caso de violencia familiar— afirmó que su relación con Rodríguez Zapatero se circunscribe al ámbito institucional y político. Según explicó, “las últimas conversaciones” que mantuvo con el expresidente español se dieron en el año 2024 en el marco “de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna” por la que atravesaba entonces el Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce señaló que en la reunión con Rodríguez Zapatero en La Paz, se abordó “la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes del expresidente Evo Morales (2006-2019) y planteamientos “de unidad del movimiento popular”. “No se trató ningún litigio judicial de Soboce”, aseveró Arce, quien indicó que desconoce la agenda posterior que cumplió el exmandatario español en la ciudad de Sucre.

Por otro lado, señaló que el conflicto de la administración boliviana con Grupo Gloria no se generó durante su gestión e indicó que el ex procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, durante su gobierno “impugnó públicamente” la resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) que eximió a Soboce del pago.

“Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar, la Procuraduría que representa los intereses del Estado no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo con una posición absolutamente clara”, justificó.