
Un tribunal de California bloqueó a Nick Reiner el acceso a un fondo fiduciario valorado en más de 1,5 millones de dólares, mientras enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, ocurrida en diciembre de 2025.
La decisión se apoya en la llamada “ley del asesino” (slayer statute) del estado.
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El joven de 32 años presentó en junio una petición ante un tribunal de sucesiones de Los Ángeles para acceder al fondo, constituido por sus padres en 1993, el año de su nacimiento.
Según los documentos judiciales, Nick alega que nunca recibió la distribución obligatoria equivalente a la mitad del fideicomiso, que debió habérsele entregado al cumplir 30 años, en septiembre de 2023, dos años antes de las muertes.
Con ese dinero busca costear honorarios legales, contratar de nuevo a su abogado defensor Alan Jackson, quien abandonó el caso en enero, y sufragar gastos básicos de comisaría como calcetines y productos de higiene.
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La nueva fiduciaria del fondo, Jodi Pais Montgomery, y su predecesor, Paul Kanin, se opusieron a la solicitud en escritos presentados a comienzos de agosto.
Su posición descansa en la Sección 250 del Código de Sucesiones de California, que impide a una persona recibir los beneficios de un fideicomiso si mató de forma dolosa e intencional a quien lo constituyó.
Pais Montgomery sostiene que ninguna distribución debe realizarse hasta que el tribunal resuelva si esa norma afecta el derecho de Nick Reiner al dinero.
“La urgencia de Nick es real, pero no surgió en el vacío”, señala uno de los escritos presentados ante el tribunal. “Surge de las muertes de sus padres, los propios constituyentes del fideicomiso en cuestión, y Nick está actualmente acusado de haber causado esas muertes”.
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Lauriann Wright, abogada de Montgomery, fue más directa en otro documento judicial: “California no ha establecido ninguna excepción que permita usar la herencia de un asesino para sufragar costos de defensa penal”.

Wright añadió que, de aplicarse la ley del asesino, el dinero del fondo pasaría a los otros dos hijos de Rob y Michele Reiner, Jake y Romy, y advirtió que liberar los fondos ahora sería un paso “irreversible”.
Nick Reiner, en sus propios escritos judiciales, rechazó la tesis de que su silencio previo equivalió a un consentimiento para retener el dinero.
“Nunca entendí que nada de lo que hice —o dejé de hacer— constituyera dar mi consentimiento a ningún fiduciario para retener indefinidamente mi distribución por mayoría de edad”, afirmó en los documentos.
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Su abogada, Anita P. Wu, defendió la presunción de inocencia de su cliente en declaraciones al The New York Times: “La ley del asesino requiere una determinación, no una mera acusación. Nick es considerado inocente y no ha sido condenado por nada”.
El propio escrito de Nick ante el tribunal precisó que la distribución le correspondía con anterioridad a los crímenes: “Como cualquier persona acusada de un delito, Nick es considerado inocente y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”.

El caso tiene una arista adicional que complica la situación del acusado: aunque fuera absuelto en el proceso penal, el tribunal de sucesiones podría igualmente negarle el acceso al fondo si determina, bajo el estándar de preponderancia de la evidencia —menos exigente que la prueba más allá de toda duda razonable—, que mató de forma dolosa a los constituyentes del fideicomiso.
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Una condena penal, en cambio, sería prueba concluyente de su inelegibilidad.
Nick Reiner permanece detenido en el Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles.
En julio, un gran jurado del condado lo acusó formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado, que reemplazaron los cargos originales presentados el año pasado, a los que ya había declarado no culpable.
La nueva acusación incorpora la circunstancia agravante de haber actuado “al acecho” y el uso de un arma blanca durante el ataque en el domicilio familiar en el barrio de Brentwood.

Un juez de sucesiones tiene previsto escuchar los argumentos de ambas partes el lunes, mientras que la audiencia preliminar en el proceso penal está programada para el 15 de septiembre de 2026.
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