Senadores de Bolivia piden activar una comisión para investigar a Rodríguez Zapatero por injerencia

Senadores de la alianza opositora Libre anunciaron que solicitarán la conformación de una comisión legislativa especial para investigar la presunta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el litigio entre las empresas cementeras Fancesa y Soboce.

En una conferencia de prensa, la senadora Tomasa Yarhui señaló que pedirá informes a la Cancillería sobre las investigaciones en España y la supuesta participación de autoridades del gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025).

“Vamos a solicitar, como bancada Libre, que se conforme una comisión especializada para una investigación y solicitar a través de la Cancillería toda la documentación de las investigaciones”, informó Yarhui y dijo que es “ de vital importancia” establecer responsabilidades y sancionar a los culpables de un hecho que calificó como “ vergonzoso”.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España vincula al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con presuntas gestiones realizadas ante autoridades bolivianas del gobierno de Luis Arce en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que mantiene intereses en Bolivia a través de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).

Según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional española dentro del denominado caso Plus Ultra, el exmandatario español habría recibido 200.000 euros por labores que los investigadores consideran una “dinámica de intermediación e influencias” destinada a beneficiar a esa compañía.

La UDEF sostiene que el pago fue canalizado mediante la empresa Focus Social Research y que fue presentado formalmente como un contrato de consultoría. Sin embargo, los investigadores consideran que dicho acuerdo habría servido para encubrir gestiones dirigidas a influir en decisiones de autoridades bolivianas relacionadas con un litigio que enfrentaba a Soboce con la cementera chuquisaqueña Fancesa.

En ese proceso, la empresa vinculada al Grupo Gloria fue condenada por la Justicia boliviana a pagar una compensación de aproximadamente 107 millones de dólares por competencia desleal, aunque posteriormente esa determinación fue anulada de manera provisional y quedó pendiente de revisión constitucional.

De acuerdo con el informe policial, Zapatero habría utilizado su “ascendencia pública internacional” y sus contactos políticos para facilitar reuniones y acercamientos con altas autoridades del Estado boliviano.

Entre las personas mencionadas por los investigadores figura el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, además de ministros de Estado y otros funcionarios de alto nivel. La UDEF asegura que existen registros de comunicaciones y reuniones que apuntan a intentos de mediación en favor de los intereses empresariales del Grupo Gloria.

La documentación analizada por la Policía española proviene principalmente de teléfonos y dispositivos electrónicos incautados durante un registro efectuado en la oficina de Zapatero. Los agentes examinaron mensajes, agendas y comunicaciones mantenidas por su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, considerada por la investigación una pieza clave en la coordinación de reuniones y aspectos administrativos vinculados a la actividad profesional del exmandatario. Según la UDEF, varias de las gestiones detectadas coinciden temporalmente con transferencias económicas relacionadas con el contrato bajo sospecha.

Entre los nombres bolivianos que aparecen en la documentación difundida por medios españoles figura también Carmen Almendras, quien fue embajadora de Bolivia en España y a quien algunas publicaciones señalan como una de las personas que mantuvo contacto frecuente con Zapatero durante el período investigado.

En una de las conclusiones policiales citadas por distintos medios españoles, la UDEF sostiene que quedó “acreditado” que el exjefe de Gobierno español impulsó contactos destinados a beneficiar a la empresa peruana.

El entorno de Zapatero rechaza las acusaciones y sostiene que los pagos correspondieron a una actividad de consultoría completamente legal, desvinculada de cualquier actuación irregular. En tanto en Bolivia, ninguno de los involucrados ha dado explicaciones salvo una declaración escueta de la exembajadora Almendras al portal de noticias Brújula Digital en la que se declaró “ajena a los hechos investigados”.