La Fiscalía de Ecuador reabrió la investigación por la desaparición de David Romo tras casi 13 años sin esclarecer el caso

Casi 13 años después de la desaparición de Santiago David Romo Córdova en Quito, la Fiscalía de Pichincha decidió reabrir la investigación de un caso que se ha convertido en símbolo de las fallas estructurales del sistema judicial ecuatoriano frente a las desapariciones. La resolución deja sin efecto un intento previo de archivo y dispone continuar con diligencias que permanecían pendientes desde hace años.

David Romo tenía 22 años cuando fue visto por última vez el 16 de mayo de 2013. Ese día asistió a clases en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y, según las reconstrucciones del caso, abordó un bus en el norte de Quito durante la noche. Desde entonces, no se ha vuelto a conocer su paradero.

La decisión de reabrir el caso responde a un elemento central: la Fiscalía determinó que aún existen pericias y actuaciones investigativas no ejecutadas que podrían ser determinantes para establecer si la desaparición constituye un delito. Este punto resulta clave, ya que, conforme al marco legal ecuatoriano, las investigaciones por desaparición no pueden cerrarse de forma definitiva mientras no se determine el paradero de la persona o existan elementos suficientes para formular cargos.

El expediente de Romo ha atravesado múltiples etapas, hipótesis y procesos judiciales sin resultados concluyentes. A lo largo de más de una década, se han manejado distintas líneas investigativas que van desde un posible secuestro hasta un asesinato. En 2018, incluso, se llevó adelante un proceso judicial por presunto homicidio, que no logró esclarecer de manera definitiva lo ocurrido ni establecer responsabilidades penales firmes.

Uno de los aspectos más controversiales del caso ha sido la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada, una hipótesis impulsada principalmente por la familia del joven. Alexandra Córdova, madre de David Romo, ha sostenido de manera reiterada que el caso podría involucrar responsabilidad estatal, ya sea por acción directa o por omisiones en la investigación inicial. Esta postura ha derivado en denuncias que apuntan a exfuncionarios y operadores de justicia, lo que ha elevado la complejidad del caso y su dimensión política.

Desde que David Romo desapareció, Alexandra Córdova publica diariamente en redes sociales cuántos días han pasado sin saber de su hijo. Su mensaje no solo recuerda el nombre de David sino que exige a las autoridades que investiguen diligentemente, algo que no han hecho desde el 2013, cuando dejaron pasar una evidencia que podría haber cambiado el rumbo del caso.

El teléfono móvil de David, desde donde hizo la última llamada a su madre, es clave para entender qué sucedió esa noche. Aunque el 2013 ya había tecnología para rastrear llamadas, las autoridades nunca lo hicieron. La técnica de rastreo a través de los celulares es conocida para determinar el paradero de las personas.Cuando se ocupa se determina a qué torre de telefonía celular se conectó el móvil para hacer o recibir una llamada y así se obtiene un perímetro, una ubicación, de dónde estuvo la persona y cómo se movilizó.

La reapertura de la investigación también responde a una presión institucional acumulada. En los últimos años, organismos del Estado y espacios legislativos han recomendado revisar casos emblemáticos de desapariciones que no han sido resueltos, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia de las instituciones encargadas de investigar estos hechos. El caso Romo ha sido uno de los más visibles dentro de ese universo, tanto por su duración como por la insistencia de su familia en mantenerlo activo en la agenda pública.

La decisión implica que la investigación vuelve a una fase activa. Esto abre la posibilidad de realizar nuevas pericias, retomar líneas investigativas que no fueron agotadas y eventualmente redefinir la tipificación del caso. También podría implicar la revisión del trabajo realizado por fiscales anteriores y la incorporación de nuevos equipos de investigación.

El caso de David Romo ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un referente dentro del debate sobre desapariciones en Ecuador. Su prolongada indefinición, las inconsistencias en la investigación y la persistencia de su familia han contribuido a visibilizar un problema que, según expertos, sigue subregistrado y con bajos niveles de resolución.

La Fiscalía ha señalado que la continuación del proceso responde también a la necesidad de garantizar el derecho a la verdad, la tutela judicial efectiva y la eventual reparación integral para la familia. Sin embargo, el desafío principal sigue siendo traducir la reapertura en resultados verificables, en un caso que durante casi 13 años ha estado marcado por la incertidumbre.