El desabastecimiento de diésel se agudiza en Bolivia y genera pérdidas en varios sectores estratégicos para el economía nacional. Según la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), hay una reducción de hasta el 40% en el suministro de combustible e irregularidades en el cronograma de dotaciones, lo que afecta la operación de las estaciones de servicio y el abastecimiento a la población.
“La información que tenemos ahora, por parte de nuestras estaciones, es que se ha reducido hasta un 40% de la programación habitual que teníamos, y en algunos casos el 100% porque no se les programa”, manifestó la gerente de Asosur, Susy Dorado, en entrevista con el canal Unitel.
Si bien la estatal petrolera afirma que los despachos se están regularizando, Dorado señaló que los surtidores reciben la mitad de combustible suministrado anteriormente y que algunas permanecen inactivas durante varios días ante la escasez.
Para el Gobierno, parte del problema tiene que ver con la especulación que producen los periodos de desabastecimiento de combustible que han provocado un aumento del acopio ilegal para la venta informal. En paralelo, el contrabando de combustible genera un pérdida aproximada de 600 millones de dólares anuales, según datos oficiales.
El problema de la falta de combustible es estructural. Bolivia depende de las importaciones para cubrir la demanda interna: compra el 56% de la gasolina y casi el 90% del diésel que necesita su mercado. Sin embargo, a raíz de la crisis económica y la falta de dólares, combinadas con el aumento de la demanda y la fluctuación de los precios internacionales, la importación se ha vuelto cada vez más difícil y costosa.
Para este año, el Presupuesto General del Estado calculó 56 millones de dólares semanales para importar combustible, una cifra que no abastece, según el presidente de la estatal petrolera. Armin Dorgathen, presidente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señaló que se necesitan al menos 60 millones de dólares por semana para regularizar los despachos.
En ese contexto, las principales ciudades del país están atestadas de camiones y autobuses que hacen filas en inmediaciones de las estaciones de servicio, por varias horas e incluso días, para llenar sus tanques. Esta interrupción en el suministro ha provocado pérdidas en varios sectores estratégicos como el transporte, que se declaró en emergencia y anunció movilizaciones contra la administración de Luis Arce.
El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, Héctor Mercado, dio un ultimátum al Gobierno para normalizar la distribución de diésel y advirtió con tomar medidas de presión para que se atienda su demanda. “Si la próxima semana no se soluciona, no descartamos cerrar las fronteras y realizar bloqueos en los surtidores del país”, advirtió el dirigente.
El gerente de Comercialización de YPFB, Ramiro Echalar, informó la semana pasada que ya se habían ejecutado desembolsos para pagar a los proveedores de combustible, por lo que se tendría que normalizar el despacho en los próximos días. Según Echalar, hubo una interrupción a partir del 21 de agosto que provocó la reducción en las entregas que hasta entonces habían sido del “100% en diésel”.
“Afortunadamente se han hecho esta semana los desembolsos correspondientes y otra vez estamos volviendo a la normalidad en cuanto a los despachos en diésel en todo el territorio nacional”, aseguró en entrevista con Radio Panamericana el 2 de septiembre.
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