La dictadora de Nicaragua Rosario Murillo confirmó que este jueves sigue la consulta de la reforma constitucional impulsada por el oficialismo, un proyecto que amplía a siete años los mandatos de elección popular, los vuelve renovables y refuerza el control estatal sobre la competencia electoral, en medio de críticas que lo presentan como un cierre adicional a la alternancia en el poder.
El cambio no se limita a la Presidencia. Los períodos de las autoridades ya elegidas en comicios generales, municipales y regionales queden ampliados automáticamente a siete años, y extiende el mismo plazo a cargos designados por la Presidencia o elegidos y ratificados por la Asamblea Nacional.
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La propuesta fue presentada primero ante la cúpula militar y mandos policiales, que expresaron su respaldo. Después pasó a consultas con comunicadores, alcaldes, diputados del Parlacen y representantes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes. En su mensaje a la nación, Murillo dijo que la consulta continuó este jueves con una reunión con personal de salud.
La reforma extiende los mandatos y declara renovable el período presidencial
El matrimonio político de Daniel Ortega y Murillo promueve una reforma que sus operadores han presentado bajo el lema “Estabilidad, Seguridad y Paz”. La oposición nicaragüense en el exilio y organismos de derechos humanos la describen como el punto final de cualquier posibilidad de alternancia.
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El cambio central eleva a siete años el período de todos los cargos de elección popular y de los puestos sujetos a elección o ratificación por la Asamblea Nacional. La Constitución de 1987 fijaba mandatos de cinco años, y el sandinismo ya los había llevado antes a seis.
El nuevo plazo será “renovable”. El presidente de la Asamblea Gustavo Porras defendió la medida ante el plenario legislativo con el argumento de que un período más largo “asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad” para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano.
Porras también sostuvo en público que un mandato de siete años “es algo que no te pueden cuestionar”. Esa defensa política acompaña un proceso de consultas nacionales que el gobierno ya puso en marcha antes de buscar la aprobación legislativa.
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El Consejo Supremo Electoral gana facultades para excluir partidos
Otro eje de la propuesta, identificado en el borrador como Cohesión y Seguridad, amplía las atribuciones del Consejo Supremo Electoral. Además de organizar elecciones generales, municipales y regionales cada siete años, el órgano podrá negar personalidad jurídica a partidos constituidos con financiamiento extranjero o dirigidos por personas que hayan violado los “principios fundamentales” de la Constitución.
La misma autoridad también podrá cancelar la personalidad jurídica de partidos ya inscritos con ese mismo criterio y sancionar a candidatos y a funcionarios del propio organismo electoral por actos que, “menoscaben” la soberanía nacional. El oficialismo no ha explicado en público esa cláusula con el mismo detalle que otras partes de la reforma.
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Esas facultades, sumadas a categorías de exclusión formuladas de manera amplia, dejan en manos del oficialismo la decisión sobre qué partidos pueden competir y cuáles pueden desaparecer por vía administrativa. El proyecto plantea, además, un esquema de comicios bajo tutela estatal que excluye a la oposición.
La extensión del mandato también alcanza al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y a los jefes de las fuerzas policiales. Son dos cargos que el sandinismo ha mantenido alineados con la pareja presidencial desde las protestas de 2018.
La reforma modifica de forma automática toda norma que fije otro plazo
Toda legislación vigente que fije un período distinto se entenderá “reformada de pleno derecho” para ser leída como un mandato de siete años. Esa disposición introduce un efecto retroactivo sobre autoridades ya escogidas y sobre normas aprobadas con anterioridad.
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La iniciativa ha provocado reacciones fuera de Nicaragua. Diversos gobiernos y organismos criticaron la medida, y representaciones extranjeras como la de Estados Unidos la definieron como un paso más en la consolidación del autoritarismo.
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