“Macho Coca” y “Compadre” denunciaron supuestas torturas y malas condiciones en prisión costarricense antes de ser extraditados a EE. UU.

Horas antes de abandonar Costa Rica rumbo a Estados Unidos, Gilbert Bell, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano, alias “Compadre”, denunciaron presuntas condiciones inhumanas en el centro de máxima seguridad donde permanecían recluidos, incluyendo interrupciones constantes del sueño, problemas de alimentación y atención médica y un supuesto trato intimidatorio por parte de agentes policiales.

El testimonio más extenso corresponde a “Macho Coca”, quien aseguró haber permanecido durante aproximadamente un año y ocho meses en el centro de máxima contención. En un video dirigido a jueces costarricenses, afirmó que las condiciones de reclusión habían deteriorado seriamente su estado físico y mental.

“He bajado cuarenta y cinco kilos de peso”, afirmó Bell, quien también aseguró padecer diabetes y enfermedad celíaca. Según su relato, durante meses recibió una alimentación que, a su juicio, no respondía adecuadamente a sus condiciones médicas.

El hombre también describió supuestos problemas de higiene dentro de las instalaciones penitenciarias. Aseguró haber convivido con ratas, cucarachas y palomas y relató que las aves ingresaban a su celda y dejaban excremento en el espacio donde permanecía recluido.

“He vivido con ratas. He sabido lo que es tener ratas en mi cara, en ese lugar lleno de cucarachas”, manifestó.

Bell también cuestionó la atención médica que, según dijo, recibía dentro del centro penitenciario. Aseguró que en algunos casos los privados de libertad debían esperar varios días antes de ser trasladados a un centro médico y que, cuando eran atendidos, no siempre intervenían especialistas.

Uno de los señalamientos más graves realizados por el extraditado se relacionó con supuestas interrupciones constantes de su descanso durante las noches.

Según Bell, después de conocer que sería extraditado, funcionarios llegaban periódicamente hasta su celda y lo despertaban. “Cada media hora han llegado a levantarme”, afirmó, al tiempo que aseguró que esta situación habría provocado un deterioro de su estado mental.

Gabriel Lozano, alias “Compadre”, también denunció supuestas prácticas similares.

El colombiano nacionalizado costarricense afirmó que funcionarios ingresaban armados a las instalaciones y que utilizaban luces intensas para iluminar las celdas durante la noche.

“Nos están torturando”, afirmó Lozano en el mensaje, en el que aseguró que autorizaba al Ministerio Público a publicar el material.

Las declaraciones fueron realizadas en momentos distintos, pero coincidieron en cuestionamientos sobre las condiciones de privación de libertad y en solicitudes para que las autoridades judiciales y gubernamentales revisaran lo que, según ellos, ocurría dentro del centro penal.

En el caso de Bell, sus señalamientos incluyeron además referencias a las llamadas telefónicas con familiares. Aseguró que los privados de libertad tenían un tiempo limitado para comunicarse con sus hijos y parejas y que las llamadas eran interrumpidas cuando se cumplía el tiempo establecido.

El extraditado también habló de su hijo de seis años y relató episodios que, según dijo, le hicieron preocuparse por su estado cognitivo.

“Siento demencia. Ya no estoy cuerdo, ya no soy el mismo de antes”, expresó Bell.

Estas afirmaciones corresponden a los testimonios de los propios extraditados y deberán ser contrastadas con los registros médicos, penitenciarios y administrativos correspondientes. Las declaraciones, por sí mismas, no constituyen una comprobación judicial de que se hayan producido actos de tortura.

Los señalamientos surgieron precisamente cuando ambos hombres se encontraban a punto de ser entregados a Estados Unidos.

Bell, de 63 años, fue extraditado por una investigación estadounidense relacionada con presunto tráfico internacional de cocaína, mientras que Lozano, de 53 años, es requerido por el Distrito Sur de Nueva York en una investigación relacionada con narcotráfico.

Ambos fueron trasladados el 13 de agosto desde Costa Rica hacia Estados Unidos, donde deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

En el caso de “Macho Coca”, su extradición puso fin a una prolongada permanencia en prisión preventiva en Costa Rica. El hombre permanecía detenido desde octubre de 2024 y también enfrentaba una investigación nacional relacionada con una presunta organización dedicada al robo de combustible.

Lozano, por su parte, permanecía detenido desde noviembre de 2023 por el denominado Caso Corona, relacionado con una investigación sobre presunto tráfico de cocaína líquida y legitimación de capitales.

Las denuncias realizadas antes de su salida del país colocan ahora la atención sobre las condiciones de los centros penitenciarios de máxima seguridad y sobre los protocolos utilizados para custodiar a personas consideradas de alta peligrosidad.

Mientras tanto, los dos hombres ya se encuentran bajo jurisdicción estadounidense y deberán responder ante los tribunales de ese país por las acusaciones que motivaron sus respectivas extradiciones.

El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que las declaraciones fueron documentadas y remitidas a la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y las fiscalías correspondientes, para que sean las instancias competentes las que analicen y determinen el alcance de los señalamientos.