Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España, pero Rabat también tiene mucho que perder: este es el coste de cerrar la vía de cooperación judicial

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, advirtió este miércoles de que su país estudia suspender la aplicación del convenio de extradición bilateral con España, en declaraciones a la agencia EFE. La razón que esgrime Rabat es que las entregas de personas reclamadas por sus tribunales no se están produciendo con regularidad. La decisión no está tomada y el convenio sigue en vigor. Estas palabras redundan en el clima de desconfianza hacia el país vecino a raíz de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio, por la que Ceuta aún no ha recuperado la normalidad.

Un acuerdo de extradición es un pacto entre dos países por el que ambos se obligan a entregarse mutuamente a personas buscadas por la justicia de uno de ellos. Sin ese marco, cada solicitud de entrega queda a la discreción del Estado al que se le pide, sin obligación legal de responder. El convenio entre España y Marruecos se firmó en Rabat en 2009 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. Sustituyó a un acuerdo anterior de 1997 e introdujo, entre otras novedades, un procedimiento abreviado para los casos en que el propio detenido acepta ser extraditado.

El texto obliga a ambos países a entregarse a las personas procesadas por delitos castigados con al menos dos años de prisión en las dos legislaciones, o ya condenadas a penas de al menos seis meses. Las solicitudes se tramitan por vía diplomática, a través de los respectivos ministerios de Justicia.

De qué se queja Rabat

El acuerdo contempla varios supuestos en los que la extradición puede denegarse: ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios nacionales; tampoco si el delito se considera político -aunque el terrorismo queda expresamente fuera de esa protección-, si la acción penal ha prescrito o si el delito se cometió en el territorio del Estado al que se pide la entrega. Cuando el delito conlleva pena de muerte o cadena perpetua en el país que reclama, la entrega solo se produce si ese país acepta sustituirla por la pena máxima prevista en su propia legislación.

La queja de Ouahbi se centra en el tramo final del proceso: Marruecos solicita la entrega de una persona, España la detiene, se verifica su identidad y se fija una fecha de traslado; los agentes marroquíes viajan hasta España para recogerla, pero la entrega no llega a producirse. Las autoridades españolas alegan, según el ministro, que el detenido ya estaba en libertad o que no se presentó al aeropuerto a tiempo.

Sobre esto han trascendido dos casos. Uno es el del conocido como ‘Ovidio’, reclamado por Marruecos por introducción de drogas en su territorio. El otro es el de un ciudadano marroquí al que Rabat responsabiliza del naufragio de una patera y cuya extradición denegó la Audiencia Nacional española al no apreciar fundamento suficiente en la solicitud.

La respuesta del Gobierno español ha llegado este jueves desde Ceuta, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado que la amenaza de Rabat vaya a traducirse en una suspensión del convenio. “No puedo atisbar ninguna cuestión relativa a lo que me están manifestando”, ha respondido al ser preguntado por las palabras de Ouahbi. Marlaska ha defendido que “la cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional”.

El titular de Interior ha insistido en que la relación entre ambos países se basa en una “confianza y lealtad” que se ha ido “cimentando” durante los últimos años. “Las relaciones bilaterales en todos los ámbitos son absolutamente estrechas y basadas en la lealtad”, ha afirmado. Marlaska, que antes de ser ministro ejerció como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de la “tramitación de todas las extradiciones”, ha añadido: “Conozco perfectamente la cooperación que siempre ha habido con Marruecos”.

Las cifras

Según el informe anual de la fiscalía marroquí, en 2024 Marruecos emitió 90 solicitudes de extradición dirigidas a 13 países; de ellas, 46 -más de la mitad- tenían como destino España, el país preferido por los fugitivos marroquíes, por delante de Francia y Bélgica. Solo el 27,5% de esas peticiones llegó a ejecutarse. La tasa contrasta con la que registra Marruecos cuando es él quien debe entregar a un reclamado por otro país: en ese caso, el porcentaje de ejecución alcanza el 65%, según el mismo informe. Los perfiles buscados por Rabat corresponden principalmente a delitos de tráfico de drogas y organización de inmigración irregular.

Los datos del Gobierno español trasladados al Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2026 ofrecen la otra cara de la estadística. Entre 2018 y 2025, España ejecutó un total de 838 extradiciones hacia 57 países no miembros de la Unión Europea (UE). Marruecos fue el segundo destino, con 98 entregas efectivas, solo por detrás de Estados Unidos (105). Esos datos se refieren exclusivamente a extradiciones ejecutadas y no incluyen las transferencias entre países de la UE, que se rigen por el sistema de la euroorden.

El año más activo fue 2025, con 158 extradiciones ejecutadas. El mismo informe revela que, en ese mismo periodo, España rechazó un total de 574 solicitudes de extradición, y Marruecos encabeza ese ranking de denegaciones con 92 casos, seguido de Perú y México. El Gobierno español no explica los motivos concretos de esos rechazos, que pueden responder a distintas causas previstas en la legislación española.

También perdería Marruecos

La suspensión del convenio no significaría que los fugitivos quedaran automáticamente al margen de la justicia, pero sí complicaría las entregas en las dos direcciones. Sin el marco bilateral, España perdería el cauce reglado para reclamar a personas buscadas por sus tribunales que se hallen en territorio marroquí, y Marruecos haría lo propio con las suyas en España. Cada caso dependería entonces de negociaciones puntuales o de mecanismos alternativos como la Interpol, sin la certeza jurídica que ofrece un tratado. El acuerdo tiene vigencia ilimitada, pero cualquiera de los dos países puede ponerle fin por vía diplomática; en ese caso, la terminación no surtiría efecto de inmediato, sino un año después de la notificación formal.

El convenio tiene además una dimensión que va más allá de los delitos comunes. Marruecos puede utilizarlo para solicitar la entrega de disidentes o de miembros del Frente Polisario, organización que Rabat clasifica como terrorista, aunque la ONU la reconoce como parte legítima en el conflicto del Sáhara Occidental. La Audiencia Nacional tiene potestad para rechazar extradiciones que considere motivadas por razones políticas.

La soberanía de Ceuta y Melilla

Ouahbi también ha cuestionado en las últimas horas la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y criticado el proceso de regularización masiva de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que atribuye un efecto llamada que habría alentado el reciente asalto a la frontera de Ceuta. El Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, institución ligada a la monarquía alauí, acusa además a la Guardia Civil de malos tratos a los migrantes que participaron en ese asalto.

El Ejecutivo español ha tratado de no añadir más leña a esta crisis de verano, que ha alcanzado las portadas en medio planeta. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha salido del guion para hacer una defensa cerrada de los intereses del país y advertir a Marruecos, al que acusa veladamente: “Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir, y que Ceuta y Melilla son españolas no, españolísimas. Precisamente por eso no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es una agresión a España en su conjunto”.