El gobierno de Yamandú Orsi convocó a los partidos de la oposición y a organizaciones de la sociedad civil para elaborar un plan de seguridad pública, con la intención de que esté vigente a partir de 2026. La intención de las autoridades es lograr un “modelo uruguayo en políticas de seguridad pública”, definió el ministro de Interior, Carlos Negro, en la presentación de este lunes.
La presentación de un informe técnico sobre violencia y criminalidad fue el punto de partida de este trabajo, que se desarrollará en cinco fases. Esa evaluación expresa que Uruguay “enfrenta un escenario de criminalidad y violencia complejo, heterogéneo y en transformación”.
“Si bien algunos indicadores muestran mejoras, otros revelan la persistencia de problemas estructurales, así como la aparición de dinámicas nuevas y más sofisticadas que exigen un replanteo profundo de las estrategias de seguridad”, dice la publicación.
En Uruguay hay una “presencia simultánea de violencia armada sostenida, expansión del narcotráfico, crecimiento de delitos digitales y déficits institucionales”. Esto provoca que haya una “combinación peligrosa” que en la región ya ha tenido “consecuencias devastadoras”. Otro problema que se suma al país es la “crisis estructural” del sistema penitenciario uruguayo.
Otro aspecto que analiza el diagnóstico es la expansión del crimen organizado.
“Uruguay ha dejado de ser un territorio periférico para convertirse en una plataforma logística más dentro del crimen organizado regional, al menos con respecto a algunos mercados ilegales concretos, como el tráfico de drogas y la pesca ilegal”, evalúan los autores del informe. El país tiene un “modelo criminal propio”, que en este diagnóstico se define como “fragmentado, con múltiples actores autónomos y relaciones ocasionales con redes transnacionales”.
“Esta expansión del crimen organizado se articula con mercados ilícitos en crecimiento, como el de las drogas, y con formas de violencia asociadas a disputas territoriales”, dice la publicación.
Uruguay se ha convertido en los últimos años en un punto de tránsito de cargamentos de cocaína hacia Europa y tiene, en el puerto de Montevideo, una vía clave para la exportación.
En su discurso, el ministro Carlos Negro señaló: “La seguridad es la principal preocupación del uruguayo desde hace décadas. Sin embargo, hasta ahora nadie ha logrado dar las soluciones esperadas. Queda claro que si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto”.
Negro señaló en su discurso que en esta instancia habrá un diálogo político amplio, que recibirá propuestas de todos. Pero advirtió que está diseñado para seguir funcionando aún cuando nadie quiera aportar. La invitación fue para trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, académicos, partidos políticos y agencias internacionales.
“El plan comprenderá y continuará las líneas prioritarias que definimos al asumir: homicidios, violencia, control de armas y reforma penitenciaria. La seguridad no es solo un tema policial”, expresó el ministro.
Otro de los que expuso en el inicio de este plan fue el asesor del Ministerio del Interior Emiliano Rojido. “En los últimos 20 años, el presupuesto de seguridad pública se ha más que duplicado. Es decir, el país, el sistema político, ha hecho un esfuerzo muy grande en abordar estos problemas. No ha logrado los resultados buscados. Tenemos una peor calidad de gasto: más problemas de seguridad y más gasto al respecto”, advirtió en una rueda de prensa.
Un ejemplo en el que se refleja el problema de la calidad del gasto es en el sistema carcelario, que se convirtió en un “pésimo negocio” para los uruguayos. Las cárceles presentan un hacinamiento crítico, según informes de expertos, y el mayor número promedio de presos de América Latina.
“Necesitamos a los partidos políticos buscando acuerdos, tratando de viabilizar reformas en el Poder Legislativo, datando de cierta sostenibilidad en el largo plazo a las políticas porque muchos de estos problemas que enfrenta el país no se van a resolver en el corto plazo”, señaló Rojido.
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