Las bandas criminales operan en más de un tercio de los municipios de la selva amazónica de Brasil, lo que impulsa un auge de la violencia, según un informe publicado el miércoles por una importante organización sin fines de lucro.
En 2024, las pandillas estaban presentes en 260 de los 772 municipios de la región, frente a las 178 del año pasado, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. El afianzamiento de organizaciones “mafiosas”, en particular el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), “agrava enormemente la situación en la Amazonia Legal, que ahora es vista como un territorio muy estratégico para el tráfico transnacional, con la circulación de diferentes mercancías ilícitas”, señala el informe.
La Amazonia Legal es un área distribuida en nueve estados de Brasil que alberga la cuenca hidrográfica más grande del mundo.
De los 260 municipios donde están presentes grupos del crimen organizado, el Comando Rojo controla la mitad, frente a una cuarta parte el año pasado, dijo a The Associated Press Renato Sérgio de Lima, presidente de la organización sin fines de lucro.
El Comando Vermelho se expandió a ciudades de la región norte de Brasil luego de que el PCC tomó el control de la ruta del narcotráfico a través de Ponta Pora, un municipio fronterizo con Paraguay en la región centro-oeste. Desde entonces, el Comando Vermelho ha absorbido algunas facciones locales que ya no funcionan de manera autónoma, dijo Lima.
El hecho de que las pandillas estén asegurando monopolios sobre actividades delictivas podría ayudar a explicar la caída del 6,2% en las muertes violentas en la región entre 2021 y 2023, escribieron los autores en la tercera edición del informe titulado “Cartografías de la violencia en la Amazonía”.
Sin embargo, “la internalización de la violencia hacia las zonas rurales y forestales ha convertido a los municipios pequeños y tranquilos en algunos de los más violentos del país”, señalaron.
Los asesinatos del experto en pueblos indígenas Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips en 2022 pusieron de relieve el aumento de la violencia en la región. Viajaban por el río Itaquaí, cerca de la entrada del Territorio Indígena del Valle del Javari, que limita con Perú y Colombia, cuando fueron atacados. Sus cuerpos fueron desmembrados, quemados y enterrados.
La policía brasileña ha acusado formalmente a un comerciante de pescado colombiano de planear los asesinatos. Los asesinatos fueron motivados por los esfuerzos de Pereira por vigilar y hacer cumplir las leyes ambientales en la región, según la policía. Phillips estaba trabajando en un libro sobre la preservación de la Amazonia.
El detective de la Policía Federal Alexandre Saraiva, que dirigió departamentos policiales en tres estados de la Amazonia entre 2011 y 2021, conocía tanto a Phillips como a Pereira. “No hay ninguna duda” de que el crimen organizado en la región ha aumentado en los últimos años, afirmó.
La expansión de las organizaciones criminales en la Amazonía ocurrió al mismo tiempo que el crecimiento de la minería ilegal, dijo Saraiva, que aumentó drásticamente durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, quien alentó la práctica.
Tras derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022 y volver al poder para un tercer mandato no consecutivo en enero de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha buscado abordar la delincuencia y la deforestación en la región. Si bien la deforestación ha disminuido, el informe muestra que su administración ha tenido poco éxito en controlar la expansión de las bandas de narcotraficantes.
“Hoy en día, en la Amazonia, la ley es la ley”, dijo Saraiva, autor del libro “Selva: leñadores, mineros y corrupción en una Amazonia sin ley”, por teléfono desde Río. Agregó que algunos legisladores brasileños y políticos locales también son responsables de la situación y los acusó de recibir fondos de grupos criminales a cambio de protección.
El control de las organizaciones criminales sobre la región plantea un problema de seguridad pública, pero también es un obstáculo para el desarrollo de prácticas sostenibles que los expertos consideran esenciales para su preservación.
La lucha contra el narcotráfico, los delitos ambientales, el acaparamiento de tierras y otras acciones ilegales requiere políticas públicas coordinadas y multifacéticas, así como proyectos de desarrollo local, señala el informe.
(con información de AP)
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