El tema de los combustibles es uno de los que más problemas genera en la administración pública en Bolivia. Los precios del diésel y la gasolina son subvencionados por el Estado y significativamente más baratos que el precio internacional, por lo que las cuentas están abriendo un hueco en la debilitada en economía del país.
Después de varios meses de periodos de desabastecimiento de diésel -y en menor medida de gasolina- se puso sobre la mesa el debate de la continuidad de la subvención. El Estado boliviano gastó en 2023 cerca de 2.000 millones de dólares en la compra de carburantes para cubrir el 86% del diésel y el 56% de la gasolina de la demanda local.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que para el próximo año el Presupuesto General del Estado dispuso un monto aún mayor: 2.900 millones dólares, lo que equivale a alrededor de 56 millones de dólares semanales, esta política permitirá que el precio del diésel se mantenga en 3,74 bolivianos y el de la gasolina en 3,72, equivalentes a 0,53 centavos de dólar.
La dependencia de los carburantes importados está en crecimiento ante la disminución de la producción local y la debacle de la industria petrolera nacional. En 2014, Bolivia producía 18,6 millones de barriles de petróleo al año, pero en 2023 esta cifra cayó a 8,6 millones, una reducción del 54%, lo que en parte ha originado la crisis económica actual, marcada por la escasez de dólares que dificulta las transacciones internacionales en esa divisa.
A este escenario se suma la venta ilegal de combustible en las fronteras, donde el litro puede hasta triplicar el precio local. Según estimaciones oficiales, el país pierde 600 millones de dólares por lo que denomina el “contrabando a la inversa” de carburantes.
Para paliar la crisis energética en el corto plazo, hace un par de semanas, el Gobierno autorizó la importación y comercialización de combustible a actores privados por el plazo de un año, luego de que la agudización de la escasez afectara la producción de cultivos ante la imposibilidad de operar la maquinaria agrícola.
Mientras se espera la normalización del suministro, la situación del diésel está provocando protestas en varios sectores, como los productivos y de transporte que generan cortes esporádicos en carreteras y avenidas principales de Santa Cruz en reclamo por la falta de combustible para trabajar.
La Cámara Agropecuaria del Oriente difundió un cronómetro digital a través del cual lleva la cuenta de los días de desabastecimiento. Según su medición, el domingo se cumplieron 40 días con problemas de abastecimiento de diésel. Los productores advirtieron que la seguridad alimentaria de 2025 está en riesgo porque la irregularidad de los trabajos agrícolas ante la falta de fluidez de combustible.
Biodiésel y referendo
Para reducir la dependencia de importaciones, y equilibrar las finanzas estatales, el Gobierno apuesta a la producción de biodiésel, que produce combustible a partir de la soya, pero que generan polémica por su eficiencia y su costo ambiental. En Santa Cruz hay una planta que ya está en marcha y se destinó inversiones para otra en El Alto (La Paz).
En agosto, el presidente Luis Arce planteó un referendo para consultar a la población sobre la continuidad de la subvención, en un acto electoral que debía coincidir con las elecciones judiciales del 15 de diciembre. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó porque el Tribunal Supremo Electoral observó la claridad de las preguntas y el trámite quedó fuera del plazo.
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