Advierten que las cárceles uruguayas están en “una situación límite y explosiva”

El sistema penitenciario en Uruguay atraviesa un momento crítico, que se arrastra desde hace varios años: la cantidad de plazas que hay en las cárceles no son suficientes y el presupuesto que el Estado les destina tampoco alcanza. Estas conclusiones son del comisionado parlamentario para las cárceles y la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, que llega a una advertencia contundente: el sistema “se encuentra en una situación límite y explosiva”.

Uno de los puntos centrales del documento, informado por el diario uruguayo El País, es la cantidad de personas que están en las cárceles. El informe sostiene que hay una “gravedad de la situación de la sobrepoblación y hacinamiento crítico del sistema penitenciario y sus efectos negativos para los cometidos de todas las instituciones que trabajan sobre la privación de libertad”. Los servicios penitenciarios se ven resentidos y se afecta su “dignidad”, advierte el texto.

Una de las políticas para revertir esta situación es generar medidas alternativas a la prisión, pero la dirección que se encarga de este tema “no cuenta aún con un presupuesto suficiente para presentar una propuesta fuerte como alternativa a la prisión de todo el país”.

“El escenario actual de informalidad y de carencias estructurales dejan abierta la posibilidad de corrupción en los distintos centros carcelarios, lo que además de perjudicar los fines institucionales del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), también afectaría el gasto público”, interpretan los autores.

El INR es la oficina estatal que está a cargo del sistema penitenciario.

La Inddhh y el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, entienden que debe haber una “transformación” del INR. “Requiere autonomía para su gestión y un nuevo formato de gestión y dirección política para tener voz fuerte dentro de la administración como ante el Parlamento y el Poder Judicial”, sugieren. Plantean, además, que debe haber un “impulso a la formación del personal penitenciario, apertura de nuevos roles y mecanismos para atraer técnicos y personal”.

Jimena Fernández, la presidenta de la Inddhh, dijo que tiene la “esperanza y seguridad de que este no sea un informe más” y que, de una vez por todas, se avance en los “consensos necesarios” para cambiar el sistema penitenciario. Son alrededor de 100.000 las personas que están cercanas al mundo carcelario, ya sea porque están presas, o son funcionarios o son hijos de privados de libertad.

Petit, en tanto, aseguró que el gobierno que asuma el próximo 1° de marzo encontrará una “demanda en presupuesto importante y un problema pendiente importante, por lo que se requiere tener un proyecto estratégico fuerte”. Hay que “pensar justamente cómo se cambia la dura realidad” que se vive, señaló el funcionario. Marcó que existe un “sector muy grande del sistema penitenciario que está fuera del mapa de lo que Uruguay debe tener”.

El diagnóstico de las cárceles uruguayas se reitera hace años. De hecho, fue mencionado en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las condiciones de prisión y centros de reclusión en 2023 eran “malas e inhumanas” en varias de las instalaciones carcelarias por el “hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos”, advierte el texto.

En diciembre, los presos en Uruguay estaban en un 126% por encima de la capacidad de los centros penitenciarios. Once de las cárceles –las unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como se le denomina en el país– estaban por encima del 100% de su capacidad y otras seis en un 150% por encima. Cuatro cárceles llegaron incluso a superar el 200% de su capacidad. Había presos que dormían en el suelo.

Hace un año, el informe del Departamento de Estado detallaba que el hacinamiento era del 120% y registró que el hacinamiento en una de las cárceles llegó al 300%.