La Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió este miércoles autorización a la Asamblea (Parlamento) para procesar penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad, que tiene fuero de corte, después de que la Fiscalía General pidiese su vinculación a un caso de corrupción iniciado contra su hijo.
La jueza nacional Daniela Camacho, en un documento al que tuvo acceso la agencia de noticias AP, dispuso que se remita un pedido al ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, “a fin de que en un plazo no mayor a 48 horas, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento, respecto de la autorización para el enjuiciamiento penal” de Abad.
Camacho hizo tal pedido a la Asamblea debido a que la vicepresidenta tiene fuero de Corte Nacional y solamente puede ser enjuiciada si así lo autorizan al menos 92 de los 137 legisladores.
La acusación inicial de este caso fue de oferta de tráfico de influencias, pero puede ser cambiado a concusión, que implica exigir fondos o contribuciones valiéndose de un cargo.
El pasado lunes, la Fiscalía General aseguró que hay suficientes indicios para involucrar a Abad en este proceso. “Se determinó la presunta participación de Verónica Abad en esta causa”, dijo el ministerio público, tras pericias como la ampliación de la versión del denunciante, la obtención de documentación e información telefónica.
El caso surgió, según la Fiscalía, luego de que un ex funcionario de la Vicepresidencia denunció al hijo de la funcionaria, Francisco Barreiro, y a otra persona por haberle ofrecido un alto cargo por el cual debía entregar 1.700 dólares de un salario mensual de 3.200 dólares. Como garantía de pago el denunciante firmó un pagaré de 30.600 dólares.
Hace una semana la vicepresidenta atendió telemáticamente un llamado de la Fiscalía por el caso de presunta corrupción en que se juzga a su hijo pero no respondió preguntas, entre otras razones, según indicó su defensa, porque no se le explicó si había sido convocada como testigo o sospechosa.
Por este caso, el hijo de la vicepresidenta estuvo detenido desde el 21 de marzo por cerca de 45 días en una prisión de máxima seguridad, de donde salió luego del pago de 20.000 dólares de fianza.
Mientras se espera una respuesta de los legisladores, la Corte Nacional convocó para la próxima semana a Barreiro y Daniel Redrován (cercano a la vicepresidenta) a una audiencia oral, pública y de contradicción, reformulación de cargos y vinculación a la etapa de instrucción fiscal.
El caso estaba a cargo del fiscal Carlos Alarcón y de la jueza María Fernanda Castro, pero debido al fuero de Abad, el lunes decidieron enviarlo a la Fiscalía General y a la Corte Nacional, respectivamente.
La vicepresidenta se encuentra en Israel desde diciembre cumpliendo funciones de embajadora por designación del presidente Daniel Noboa, con quien mantiene un tenso distanciamiento que comenzó en la época de la campaña y se agudizó tras la llegada al poder el 23 de noviembre del año pasado. No se han explicado las razones de la ruptura.
“Desesperadamente”
Por otra parte, el Gobierno de Ecuador manifestó este miércoles que no buscará “desesperadamente” los 92 votos que se requieren en la Asamblea Nacional para desaforar a la vicepresidenta Verónica Abad.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, declaró en una rueda de prensa que desde el Ejecutivo van a estar atentos a lo que suceda en la Asamblea. “No vamos a buscar desesperadamente los 92 votos”, dijo desde el Ministerio de Gobierno en Quito, y remarcó que, si se revisa la historia, el Parlamento ecuatoriano siempre ha optado por “hacer que el proceso jurídico continúe”, ya sea con una autorización expresa o con una autorización tácita al negarse a tratar el tema.
Dos semanas atrás, Torres aseguró que sería “nefasto” que la vicepresidenta Abad asuma temporalmente la Presidencia si el jefe de Estado, Daniel Noboa le delegara el poder mientras busca su reelección como candidato en las elecciones de 2025. En ese sentido, expresó que todavía no se ha considerado si otra persona podría sustituir a Abad en esta función, a la vez que declaró que “lo que establece la Constitución es claro” y que, en el caso hipotético de que ella no asumiese la Presidencia, “tiene que ser alguien con rango de ministro quien lo haga”.
Abad, que actualmente se ha constituido como una de las voces más críticas contra el Gobierno, ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto hostigamiento en su contra para forzarla a renunciar y evitar que sea ella quien deba asumir temporalmente la Presidencia cuando busque él la reelección.
(Con información de AP y EFE)
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