
A 51 años de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, la Universidad de El Salvador (UES) mantiene un proceso de entrega de títulos honoríficos a familiares de las víctimas para reconocer a estudiantes, trabajadores y docentes asesinados o desaparecidos, y preservar una memoria que la institución vincula con la defensa de su autonomía.
Según la UES, la Comisión de Memoria Histórica impulsa ese reconocimiento desde su creación, el 11 de septiembre de 2017, y el primer acto de entrega se realizó el 30 de julio de 2018. De acuerdo con el ingeniero Carlos Villalta, presidente de la Asamblea General Universitaria y de esa comisión, la UES registra más de 30 víctimas oficiales fallecidas en la masacre de 1975 y hasta ahora ha entregado 20 títulos honoríficos: seis en el marco del 30 de julio y 14 a otras víctimas.
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La universidad sostiene que este mecanismo busca reparar, en la medida de lo posible, una deuda con quienes murieron en defensa de la institución. Villalta explicó en el portal oficial que primero se verifica que las personas hayan sido universitarias y luego se localiza a sus familias para obtener la aceptación del reconocimiento póstumo.
“El dirigente universitario añadió que la entrega pretende “reconocer a nuestros héroes y mártires principalmente. Y como una forma de resarcir a la familia, aunque es imposible resarcir la pérdida de su familiar. Es una forma de compensación, diría yo. Compensación por el sacrificio que hicieron en su momento en pro de la defensa de la autonomía universitaria, porque esa marcha arranca a partir de una intervención, con la destrucción de algunas carrozas alegóricas para un desfile bufo en la que ahora es la Facultad Multidisciplinaria de Occidente”.
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La comisión exige prueba del vínculo con la UES y la aceptación de la familia
El proceso de selección para otorgar títulos honoríficos parte de un requisito central: que la persona figure en el listado de fallecidos o desaparecidos durante la masacre del 30 de julio de 1975 o en otros hechos vinculados con violaciones graves contra la universidad a lo largo de su historia.
Después, la comisión debe acreditar que la víctima pertenecía a la comunidad universitaria como estudiante, trabajador o docente. Para ello solicita y revisa expedientes académicos o administrativos por medio de la administración académica de las facultades.
Una vez confirmados la identidad y el vínculo con la institución, comienza la búsqueda de familiares. Ese paso depende de su consentimiento porque, según la universidad, no todas las familias aceptan el reconocimiento debido al dolor que implica recordar la pérdida o por su decisión de no reabrir el caso públicamente.
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Con esa verificación concluida y la aceptación familiar, la comisión presenta una solicitud formal ante el Consejo Superior Universitario. Después se define la fecha del acto en el que el rector entrega el título.

Villalta advirtió que el paso del tiempo ha hecho más difícil localizar sobrevivientes o parientes cercanos de los mártires del 30 de julio de 1975. Según explicó, muchos de ellos eran jóvenes y no dejaron descendencia.
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