Polémica en Chile por designación de una abogada recién titulada a cargo de la coordinación de la Reforma Procesal

Una álgida polémica causó la designación por parte del Ministerio de Justicia de la abogada Trinidad Zegers Domínguez, de 27 años, a cargo de la reactivación de la Reforma Procesal Civil, iniciativa que busca reemplazar el actual sistema establecido en el Código de Procedimiento Civil de 1903 y que duerme en el Congreso desde 2012, cuando fue ingresada por el primer gobierno de Sebastián Piñera.

De acuerdo a una nota de La Segunda, Zegers juró como abogada en abril pasado y fue el ministro de la cartera, Fernando Rabat, quien la nombró a cargo de la coordinación del proyecto de ley y ayudar a destrabarlo en el Congreso.

La noticia causó revuelo en redes sociales y en la oposición, pero sobre todo en el propio oficialismo, desde donde fustigaron su poca experiencia, los contactos a la hora de conseguir el puesto -su padre es el exdirector de uno de los diarios más importantes del país-, y el alto sueldo de $2 millones (USD 2.200) para una recién egresada.

Debido a esto, fue el propio Rabat quien salió al paso de las críticas y en conversación con 24 Horas, aseguró que “lo que le hemos pedido a Trinidad es que ella nos colabore desde el punto de vista ejecutivo, administrativo, porque hay que realizar una serie de gestiones de reunión, de gestión con la academia, de charlas, de institutos. Pero evidentemente, que una reforma de esa naturaleza la lleva en el parlamento el ministro de Justicia”.

Las críticas de los trabajadores judiciales

A pesar de la aclaración, este domingo la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) volvió a la carga y mediante un comunicado expresaron sus reparos a la designación de la novel legista, puesto que una reforma de esa envergadura necesariamente requiere experiencia y un conocimiento cabal de los entresijos del Poder Judicial.

Aunque valoraron la aclaración del ministro Rabat tocante a que Zegers desempeñará labores más bien “administrativas”, desde el gremio aseguraron que ello no elimina la “cuestión de fondo”, a saber, los criterios que esgrime la cartera para asignar tareas y responsabilidades.

Así, la crítica de la OTJ no apunta precisamente a la abogada, sino más bien a un “problema institucional”, pues una reforma estructural del sistema de justicia civil “requiere que todas las responsabilidades relevantes, tales como, técnicas, políticas, administrativas y de coordinación, sean asignadas con criterios transparentes y atendiendo a la experiencia y competencias necesarias para la función encomendada”.

“La responsabilidad de determinar quiénes conducen, coordinan e implementan una transformación de esta importancia corresponde al Ministerio de Justicia, y es esa decisión la que debe poder ser explicada y justificada ante la ciudadanía y ante quienes formamos parte del sistema de justicia”, agregaron.

De paso, recordaron que los trabajadores del Poder Judicial “no podemos ser considerados simples destinatarios de una reforma diseñada desde fuera de los tribunales. Somos quienes conocemos directamente el funcionamiento cotidiano de la justicia civil: sus dificultades, cargas de trabajo, problemas de gestión, fortalezas y limitaciones. Cualquier reforma que aspire seriamente a mejorar la justicia debe incorporar esa experiencia desde su diseño y no únicamente cuando llegue el momento de implementarla”, remataron desde la OTJ.