Nicaragua: La desaparición de Elvia Junieth y sus dos hijas cumple 515 días sin información oficial

Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas menores cumplieron 515 días desaparecidas este 17 de agosto, en un caso que organismos y activistas vinculan con la denuncia de abuso sexual que la mujer hizo contra Daniel Ortega y con un patrón de impunidad y persecución que, según voces de derechos humanos, se extiende hasta el entorno íntimo del poder en Nicaragua.

La Asociación de Memoria y Justicia incluyó a Elvia Junieth entre 60 presos políticos contabilizados hasta julio. De ese total, 23 estaban en condición de desaparición forzada: sus familias desconocen el paradero y no pueden verificar su estado actual.

Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el caso es de extrema vulnerabilidad. No existen registros de procesos judiciales en Nicaragua sobre ella ni tampoco un informe sobre la situación de las niñas.

La desaparición alcanza a una mujer de 37 años que en 2017 denunció ante agencias internacionales que era víctima de Ortega. En esa llamada telefónica dijo que estaba retenida en una casa, mientras su hermano, el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, permanecía preso en una celda del sistema penitenciario.

La desaparición se inscribe en una denuncia que involucra directamente a Ortega

En 2015, una investigación del diario Las Américas en Estados Unidos documentó la historia de Elvia Junieth y sostuvo que el abuso habría comenzado cuando ella tenía 15 años. La publicación señaló que Ortega se fijó en la adolescente durante un acto de campaña al que había asistido junto con una hermana como integrante de la Juventud Sandinista.

De acuerdo con esa investigación, el entonces candidato ordenó localizarla, obtuvo su número telefónico y después estableció contacto con la familia. De ese vínculo nacieron las dos niñas de Elvia Junieth, según versiones periodísticas citadas por el diario.

La gravedad de la acusación atrajo atención internacional porque se trataba de un segundo señalamiento de abuso sexual contra el líder nicaragüense.

En 1998, su hijastra Zoila Mónica lo denunció formalmente y, como en este caso, la acusación quedó sin consecuencias judiciales.

La madre de la mujer desaparecida, Elidia Castillo, difundió en julio un llamado público a través de una cuenta de TikTok identificada como “Voz de una madre nicaragüense”. “No sé en qué situación se encuentran”, dijo, antes de preguntar: “¿Cómo están dos niñas inocentes? ¿Por qué se han ensañado con ellas si son niñas chiquitas que ni a clases van?”.

La mujer también expresó que no come ni duerme y que no dejará de reclamar hasta que le devuelvan a sus nietas. El silencio estatal, pese a una denuncia que compromete directamente a Ortega, se ha mantenido sin respuesta pública.

El caso se conecta con la muerte bajo custodia de su hermano

Santos Sebastián Flores Castillo denunció en 2005 a Ortega ante organismos de derechos humanos y la oficina de la presidencia, durante la administración de Enrique Bolaños, de acuerdo con la CIDH. Sostuvo que el dirigente había iniciado una relación con su hermana cuando ella tenía 15 años.

El abogado fue acusado de violación agravada y condenado a 15 años de prisión. La familia afirmó que el cargo fue fabricado como represalia por haber hecho pública la denuncia.

Durante su encarcelamiento, Elidia Castillo denunció torturas y condiciones degradantes. Relató que en una visita de septiembre de 2015 encontró a su hijo con fuerte pérdida de peso, palidez, dificultades para caminar, llagas y hongos en manos y pies, además de aislamiento, encadenamiento, falta de sol, restricciones de alimentos y ausencia de atención médica.

El 8 de octubre de 2021, Santos Flores Castillo murió bajo custodia del Estado. Según la CIDH, la constancia de defunción emitida por el Ministerio de Salud señaló como causa directa un edema agudo pulmonar, aunque un hombre del círculo de Ortega informó a Elvia Juniel que había sido un infarto.

La familia sostuvo después que el cuerpo presentaba lesiones en cuello, tórax y brazo izquierdo por arma blanca, moretones en el rostro, señales de mordidas en el estómago, corte de lengua, indicios de haber sido colgado de los pies y un cuadro grave de desnutrición. Esa denuncia, según el organismo interamericano, quedó incorporada al informe del caso 14,679.

Activistas sostienen que el Estado actuó para impedir cualquier justicia

La abogada y feminista Azalea Solís afirmó que la desaparición de Elvia Junieth y sus hijas debe leerse a la luz de las denuncias que durante años la vincularon con Ortega. “En este tema, no estamos hablando de que se persigue a personas desconocidas, sino de su entorno político como hemos estado viendo, qué ha pasado en el país, y en este caso estamos hablando del entorno íntimo del dictador”, explicó en julio.

Solís recordó que antes de la desaparición ya se había producido la muerte de su hermano en prisión, tras una detención que calificó de arbitraria. “Antes de esta desaparición de ella y sus hijas, se produjo la muerte de su hermano en prisión, detenido arbitrariamente, porque él denunció e hizo pública la situación de violencia contra su hermana y el abuso contra su hermana menor de edad”, dijo.

Para la abogada, ambos hechos muestran una actuación estatal orientada a impedir que las denuncias de la familia Flores Castillo obtuvieran respuesta. También sostuvo que las víctimas quedaron desprotegidas ante un Estado “manejado por dos personas crueles”, en referencia a Ortega y Rosario Murillo.

Durante la primera semana de agosto, en el periodo 196 de sesiones, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Rosa María Payá, denunció la situación de terror que viven los nicaragüenses y preguntó públicamente a Ortega y Murillo dónde estaba cada uno de los desaparecidos del país. No mencionó a Elvia Junieth por su nombre, pero sí preguntó por dos menores de edad que en medios fueron asociadas con sus hijas.

Las Américas también documentó que Néstor Moncada Lao, antiguo asesor de seguridad de Ortega, fue una pieza central en el encubrimiento y que reconoció legalmente a una de las menores, según documentación del Registro Civil de Managua. La misma investigación añadió que Marcos Martínez Mejía, otro secretario de Ortega, realizó transferencias de dinero en junio de 2016 en beneficio de Santos Flores Castillo y que otros integrantes de la familia recibieron cargos gubernamentales o apoyo económico.