La dictadura de Daniel Ortega detuvo a 55 religiosos y desterró a 44 de ellos

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha detenido a 55 religiosos y excarcelado y desterrado a 44 de ellos, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, denunciaron este miércoles tres organizaciones humanitarias.

“Desde 2018, el Gobierno ha detenido a 55 religiosos, excarcelando y desterrando a 44 de ellos, mientras 11 misioneros evangélicos aún permanecen bajo detención arbitraria”, según el informe “Ataques a la libertad religiosa en Nicaragua” presentado este miércoles en el marco del 55.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, y compartido con los medios en Costa Rica.

De los 55 religiosos nicaragüenses que han sido detenidos, al menos 22 de ellos han sido despojados de su nacionalidad, de acuerdo con el informe elaborado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y Alcance de ayuda en las Américas.

Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.

De igual forma, según el documento, decenas de religiosas, sacerdotes y pastores han sido expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.

También se suman las cancelaciones de 381 organizaciones religiosas, de las cuales 288 son evangélicas, la vigilancia permanente en las iglesias y la prohibición de celebraciones religiosas, señalaron las organizaciones.

“Esta persecución, que también incluye saqueos a iglesias y profanaciones de templos violenta el derecho de la población de acudir a las iglesias y profesar su fe libremente”, indicaron.

Los organismos explicaron que el objetivo de ese informe es denunciar las diversas formas y métodos de violaciones a la libertad religiosa y conciencia en Nicaragua.

El 14 de enero pasado, la dictadura de Nicaragua acordó con la Santa Sede el “envío” al Vaticano de los obispos nicaragüenses encarcelados Rolando Álvarez e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos seminaristas a los que tenía privados de libertad.

Álvarez y Mora se sumaron al obispo auxiliar de Managua, desnacionalizado y exiliado, Silvio Báez, a quien el papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, como los tres jerarcas de la Conferencia Episcopal impedidos de regresar a su país.

La excarcelación de los religiosos nicaragüenses ocurrió dos semanas después de que el papa Francisco, tras el rezo del primer Ángelus del año, expresara su “preocupación” por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua, y pidiera que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.

Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes.

Crímenes contra la humanidad

El pasado 29 de febrero, Naciones Unidas acusó al régimen de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en la nación centroamericana.

La dictadura de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades.

Pero en el último año, la represión se ha extendido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según un grupo independiente de expertos de la ONU que investigan la situación desde marzo de 2022.

“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida”, indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición”.

(Con información de EFE)