Ecuador: funcionarios procesados por una red de corrupción vinculados a un narco aún reciben sus salarios

En Ecuador, 22 de los 39 procesados por el caso Metástasis –calificado como la investigación “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”– cobraron sus salarios estatales, hasta enero de este año, pese a estar vinculados a una red de corrupción al servicio del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión en octubre de 2022. De esos 22, solo dos ya no continúan en sus cargos públicos.

Los sueldos que el Estado pagó a los procesado variaban desde los USD 585, para una asistente administrativa en la cárcel de Cotopaxi (donde fue asesinado Norero), hasta los USD 5.011 para jueces provinciales. En total, el Estado ecuatoriano desembolsó mensualmente USD 64.358,60 en salarios de los implicados en el caso Metástasis, según reveló Teleamazonas.

A pesar de tener una orden de prisión preventiva en su contra, ocho de los acusados continuaron recibiendo sus salarios. Entre ellos se encuentran el juez Adolfo Gaibor, el juez Santiago Zumba, el juez Emerson Curipallo, el juez José Luis Segovia, la fiscal María José Aguirre, el secretario del juez Christian Sánchez, el agente policial Héctor Paredes, el policía Gabriel García, el policía Lenín Mazón y la funcionaria judicial Mayra Salazar.

Los funcionarios que mantienen sus cargos públicos en el caso Metástasis en Ecuador lo hacen conforme a los procedimientos legales vigentes en el país. Según lo estipulado en el artículo 109 del Código de la Función Judicial, un funcionario judicial solo puede ser destituido después de ser condenado como autor o cómplice de un delito castigado con pena privativa de libertad. En cuanto a los jueces, su jurisdicción puede ser suspendida una vez que se emita un llamamiento a juicio penal en su contra.

Por otro lado, según lo dispuesto en el artículo 111 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, los policías solo pueden ser removidos de sus funciones cuando exista una sentencia firme que les impida ejercer sus labores dentro de la institución policial.

Dado que el caso Metástasis se encuentra actualmente en la etapa de instrucción fiscal o investigación pública, que normalmente tiene una duración de 90 días pero se ha extendido por 30 días adicionales debido a la inclusión de nuevos procesados el 3 de enero, aquellos acusados pueden continuar desempeñando sus funciones hasta que se resuelva la investigación y se emita una sentencia definitiva. Mientras el proceso siga su curso y no existan fallos concluyentes que los declaren culpables, los implicados podrán seguir ejerciendo sus roles públicos.

La Fiscalía de Ecuador junto a la Policía Nacional ejecutaron la madrugada del pasado 14 de diciembre más de 75 allanamientos como parte del operativo “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”, según informó Diana Salazar, fiscal general. El caso ha sido denominado Metástasis e inició luego del asesinato del narco Leandro Norero, quien perdió la vida en una prisión del país. De acuerdo con Salazar, a partir de la muerte de Norero “se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del estado y vinculada directamente al narcotráfico”.

La investigación realizada por la Fiscalía asegura que los ahora detenidos contaban con “dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos (judiciales) para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción”. El caso metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, aseguró la fiscal Salazar en un video difundido esta madrugada.