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La falta de dólares y la corrupción ahogan a Luis Arce

La reciente intervención y clausura del banco Fassil provocó que el gobierno decidiera una “desdolarización” de los ahorros

Foto de archivo: el presidente boliviano, Luis Alberto Arce, expone en La Habana, Cuba, en diciembre de 2022 (Yamil Lage/Pool via REUTERS)
Foto de archivo: el presidente boliviano, Luis Alberto Arce, expone en La Habana, Cuba, en diciembre de 2022 (Yamil Lage/Pool via REUTERS)
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Los empresarios privados dicen que la falta de dólares está asfixiando a la economía pero al mismo tiempo el gobierno de Luis Arce se ahoga en un mar de corrupción: en dos años ha cambiado a cuatro ministros por esa razón.

Tan grande es la crisis moral que el ex presidente Evo Morales, mentor de Arce, acaba de decir que él defenderá a este gobierno hasta que termine su gestión, pero que “hay causas que ya son indefendibles, como la corrupción.”

Mientras tanto, la reciente intervención y clausura del banco Fassil provoca que el gobierno tome medidas similares a un “corralito” o, como se llama en Bolivia desde 1984, una “desdolarización” de los ahorros.

Según los balances del propio banco intervenido, los ahorros depositados en dólares sumaban 556.866.404 pero serán devueltos en moneda nacional, según anunció la autoridad financiera, lo que significa que los ahorristas recibirán sus dólares en la cotización oficial, de Bs 6,96, cuando en el mercado negro el cambio está superando los Bs 8,10.

El último ministro que debió renunciar por acusaciones de corrupción es Juan Santos Cruz, que era titular de Medio Ambiente pero que se dedicó a cobrar coimas, en forma de “comisiones” por obras públicas, y con ese dinero hizo que un sobrino suyo, que ahora está preso, comprara 30 casas y tres haciendas en dieciocho meses, según los testimonios que los implicados hacen ante los jueces.

El ministro de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Bolivia, Juan Santos Cruz
El ex ministro Juan Santos Cruz

En los dos años que lleva de presidente, Arce debió cambiar también a Wilson Cáceres y Edwin Characayo, ambos de Desarrollo Productivo, el primero a los 21 días de haber asumido, y a Adrián Quelca, de Educación, todos ellos culpables de hechos de corrupción.

La condena de Morales, cuando sus propios seguidores fueron los que denunciaron la corrupción del ministro Santos, parece una cosecha política, pero el cocalero repite que todo le puede perdonar, menos la corrupción, “el cáncer del proceso de cambio”. El cocalero llegó a decir este fin de semana que algunos miembros del gobierno de Arce tienen relación con los afanes de la justicia peruana de enjuiciarlo por alentar el separatismo de la provincia de Puno. La ministra de la presidencia, María Nela Prada, dijo que esa acusación era absurda.

Carlos Romero, ex ministro de gobierno de Morales, insiste en afirmar que en este momento se está dando en Bolivia la mayor corrupción de toda la historia del país. Con la ex ministra Teresa Morales, Romero abrió un proceso ante la justicia contra funcionarios de la empresa estatal del petróleo.

Esto obligó a que el procurador, que había estado muy concentrado en el tema de la pedofilia y las denuncias a sacerdotes católicos, decida anunciar que también se ocupará de los casos de corrupción del actual gobierno.

José Carlos Sánchez, del opositor Movimiento Tercera Vía, dice que esta fiebre de corrupción, en plena crisis, es propia de los ejércitos que están de retirada, porque fueron derrotados.

El gobierno enfrenta, en realidad, una tormenta perfecta de problemas referidos a la corrupción. El presidente debió ordenar la devolución de un vehículo que él mismo había obsequiado a una organización sindical, porque se comprobó que el auto había sido robado en Chile. Luego se descubrió que el presidente había regalado un segundo vehículo robado también en Chile, esta vez a la Asamblea Plurinacional, es decir al parlamento boliviano.

Como ingenua, o cínica excusa, el ministro de gobierno, Fernando del Castillo, y la directora de la aduana, Karina Serrudo, dijeron que el gobierno de Chile debería tener cuidado con los vehículos de propiedad de sus ciudadanos, “como hacen otros países vecinos”. De esa manera estaban admitiendo que llegan a Bolivia vehículos robados en los cinco países vecinos. En lo que va del gobierno de Arce fueron decomisados 6.300 vehículos que ingresaron de manera ilegal, en su mayoría provenientes de Chile, según informó la Aduana.

Empleados de Banco Fassil, uno de los bancos más grandes de Bolivia, frente a una de las sucursales después de que el gobierno tomó el control tras la detención de varios ejecutivos por presunta mala gestión, en Cochabamba, Bolivia. El cartel dice "Entidad intervenida". (REUTERS/Patricia Pinto)
Empleados de Banco Fassil, uno de los bancos más grandes de Bolivia, frente a una de las sucursales después de que el gobierno tomó el control tras la detención de varios ejecutivos por presunta mala gestión, en Cochabamba, Bolivia. El cartel dice "Entidad intervenida". (REUTERS/Patricia Pinto)

La defensa que hace el presidente Arce de la capacidad del Estado de administrar empresas le obliga ahora a explicar cómo es que la aerolínea estatal BoA tiene tan graves problemas que el propio Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, protestó en un avión y exhortó a los pasajeros a presentar denuncias sobre las demoras de la aerolínea. Y este fin de semana un avión que debía partir de El Alto de La Paz tuvo tres intentos fallidos para levantar vuelo y cuando partió tenía cuatro horas de demora.

El economista Antonio Saravia dijo en un tuit: “Y yo insto al gobierno a dejar de mentir, dar pegas y robar, que para eso es lo único que sirven las empresas públicas. 72 empresas públicas, todas ineficientes y el 85% de ellas deficitarias. El camino es privatizar las que se puedan y eliminar el resto.”

Pero Arce sigue decidido a crear 42 nuevas empresas estatales y adoptar el yuan como moneda de transacción con el mundo, a pesar de que los propios comerciantes que operan con la China dicen que llevan dólares para sus compras.

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