El Comité Pro Santa Cruz le solicitó este martes al órgano electoral información para poder iniciar los trámites para un referéndum revocatorio del mandato del presidente de Bolivia, Luis Arce, como acordaron sectores cívicos y sociales en un cabildo nacional celebrado el 25 de enero.
Fernando Larach, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, entregó una carta al Tribunal Electoral Departamental (TED) solicitando la información sobre el procedimiento para el “proceso revocatorio de mandato”.
“El día de ayer se cumplieron dos años y medio de mandato del presidente Arce y tal cual estableció el cabildo del 25 de enero” se solicita al órgano electoral “una audiencia informativa sobre los requisitos y procedimientos que se deben realizar para iniciar un proceso revocatorio de mandato por iniciativa ciudadana”, dijo a medios locales.
Larach recordó, además, que en el cabildo se le pidió al Gobierno nacional una amnistía para los presos políticos por la crisis de 2019, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho; y la ex presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020).
“El cabildo mandó pedirle al presidente que se haga una amnistía para los presos políticos, para que se acabe la persecución, esto que viven hoy en día muchos bolivianos, más de 200″, señaló Larach.
El presidente del comité cívico agregó que “ante la negativa del Gobierno de atender una demanda ciudadana, venía la consecuencia de iniciar un proceso revocatorio de mandato”.
Explicó que luego de que el órgano electoral les indique los procedimientos definirán la hoja de ruta en una reunión de los comités cívicos a nivel nacional.
Sobre los dos años y medio del Gobierno de Arce, mencionó que “los datos indican que la situación del país, que la economía no es saludable (...) entonces la evaluación es que no es muy buena la gestión”.
El pasado 14 de febrero los comités cívicos entregaron una carta dirigida al presidente Arce, en la que le señalaban que los cabildos ciudadanos celebrados en las principales urbes bolivianas pedían una “amnistía general e irrestricta” para los “presos políticos, perseguidos y procesados” por los sucesos de 2019.
Sin embargo, hasta la fecha no hubo respuesta del Gobierno, por lo que el Comité Cívico Pro Santa Cruz decidió continuar con lo determinado en el cabildo de enero.
En su momento, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el Gobierno “no decreta amnistías” para personas que han cometido “graves vulneraciones a los derechos humanos” y que el cabildo nacional no tiene validez legal porque no tiene autorización ni acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Entre los llamados presos políticos está Áñez, encarcelada desde 2021 y sentenciada a 10 años de prisión por la forma en que se situó en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, al tiempo que se siguen otros procesos en su contra.
También está detenido preventivamente desde diciembre el gobernador Camacho por su supuesta responsabilidad en la crisis de 2019, que para el oficialismo fue un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que la oposición sostiene que su renuncia fue consecuencia de las denuncias de fraude a su favor en los fallidos comicios de ese año.
(Con información de EFE)
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