Más 3.100 personas se han visto afectadas por el régimen de excepción de Nayib Bukele que suspende varias garantías y derechos constitucionales, así lo informó este jueves la organización humanitaria Cristosal.
Bukele pidió al Congreso, de amplia mayoría oficialista, poderes especiales para contrarrestar la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. La medida se ha prorrogado en 9 ocasiones con más de 60.000 detenciones de supuestos pandilleros.
Cristosal señaló en un comunicado que ha recibido 3.056 denuncias con 3.181 personas afectadas en sus derechos, de las que el 59 % son jóvenes entre los 18 y 30 años.
Agregó que 55 casos son de personas de la población LGTBI, mientras que el 86 % del total de afectados son hombres y el 97,3 % de las denuncias son por “detenciones arbitrarias”.
Estas cifras, que sumadas a las que las denuncias por violaciones a derechos humanos de otras organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), superan las 7.400 denuncias hasta el 12 de diciembre.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche del miércoles la novena prórroga por 30 días más del régimen de excepción, con lo que el país centroamericano cerrará 2022 bajo esta medida, que suspende varios derechos constitucionales, como la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El 25 de octubre pasado, el Gobierno de Bukele y el resto de órganos del Estado se negaron a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias de muertes de detenidos, supuestas torturas y detenciones arbitrarias.
El pasado 9 de diciembre la organización de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 23 casos de denuncias de detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción implementado por Nayib Bukele en El Salvador, que cumplió 8 meses de vigencia y que suspende derechos constitucionales.
El abogado Alejandro Díaz informó que los 23 nuevos casos presentados se suman a 152 “que ya están bajo conocimiento de la CIDH en cuanto a violaciones por detenciones arbitrarias y masivas de personas”.
Señaló que suman en total 175 los casos presentados ante la CIDH y que “todos estos casos ya fueron del conocimiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de recursos de habeas corpus que se presentaron”.
El abogado apuntó que “en 8 meses de régimen de excepción ninguno de los casos ha tenido una respuesta efectiva” y que “los pocos casos que han sido tratados por la Sala han sido declarados improcedentes”.
El pasado 27 de septiembre tres organizaciones humanitarias, entre estas Tutela Legal, denunciaron al Estado de El Salvador ante la CIDH por la detención arbitraria de al menos 152 personas durante el régimen de excepción.
Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal recomendaron al gobierno del presidente Nayib Bukele terminar la implementación del régimen de excepción, a lo que el mandatario salvadoreño contestó que “no”.
Dicha recomendación es parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, que es producto de una investigación exhaustiva conjunta entre HRW y Cristosal durante los más de 9 meses de vigencia de la medida de excepción, y en la cual se realizaron 140 entrevistas a profundidad, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento.
(Con información de EFE)
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