
El investigador Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló este viernes que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “intimida” a jueces, luego que el mandatario llamó al Supremo a “remover a los jueces cómplices del crimen organizado”.
“En El Salvador, @nayibbukele intimida abiertamente a los jueces que no deciden cómo a él se le antoja”, publicó Pappier en Twitter.
Para el investigador, lo anterior es “una demostración más de su desprecio absoluto por el Estado de derecho”.
En respuesta, el mandatario salvadoreño escribió en su Twitter: “Homeboys (pandilleros) Rights Watch”.
Bukele afirmó en sus redes sociales que “no se ha liberado a NINGÚN pandillero” -de los detenidos en el marco de un régimen de excepción- y que supuestamente “un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero TODOS CONTINÚAN EN PRISIÓN y el caso pasará a una instancia superior”.
También pidió a la Fiscalía General de la República, dirigida por Rodolfo Delgado, ex abogado de un banco estatal y del actual director de la PNC, “a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas”.
Delgado llegó a la Fiscalía el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva legislatura de mayoría oficialista destituyó al entonces fiscal general Raúl Melara, quien se había enfrentado con Bukele e investigaba posibles casos de corrupción de su Gobierno.
La Administración de Bukele ha sido señalada constantemente de golpear la independencia judicial y la separación de poderes.
La Corte Suprema de Justicia decidió el viernes remover al juez de San Salvador, Godofredo Salazar, y enviarlo a un juzgado del interior del país. La decisión se produjo horas después que el presidente Nayib Bukele pidiera remover a los jueces “cómplices” del crimen organizado y solicitara al Ministerio Público investigar a un juez que intentó liberar a 42 pandilleros.
En un correo, la Corte le informó al juez Salazar que sería transferido a Ilobasco, en el departamento central de Cabañas, donde debe de presentarse el lunes 4 de abril. Recientemente un juzgado especializado de sentencia que presidia Salazar absolvió de todos los cargos a una estructura de 42 miembros de la pandilla Barrio 18 que operaba en el municipio de Panchimalco, en la prefería sureste de la capital. El juzgado fundamentó su fallo en la falta de pruebas por parte del Ministerio Público para demostrar los delitos y la participación de cada uno de los acusados. Ninguno fue liberado.
El Salvador cumple el domingo 3 de abril una semana en régimen de excepción, que suspende derechos a los salvadoreños como la defensa en un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones, tras una escalada de homicidios que el fin de semana se cobró la vida de más de 80 personas.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua
La organización asegura que cuenta con evidencia entregada por las familias y advierte que se desconoce tanto el lugar donde están los niños y adolescentes como las condiciones en las que permanecen

El sector de los servicios en Brasil se estancó en junio tras su retracción en mayo
El área que impulsa la mayor parte de la economía del país mostró señales de desaceleración, acumulando un crecimiento de 2% en el primer semestre del año

La principal fuerza de oposición en Bolivia se quiebra en el Legislativo: “No se le puede exigir a nadie cómo votar”
Tres senadores abandonaron la fuerza política liderada por Jorge Quiroga. Denuncian que se busca imponer decisiones de votación en el Congreso

Estados Unidos coloca a Ecuador entre sus socios operativos contra los carteles y anuncia pasos en seguridad
Pete Hegseth aseguró que el país fue el primero de la coalición regional en asociarse con Washington para operaciones combinadas contra organizaciones calificadas como narcoterroristas
El Ministerio de Agricultura de Guatemala prorroga hasta 2028 la emergencia por el gusano barrenador
La extensión quedó fijada en el Acuerdo Ministerial 131-2026, vigente desde su publicación en el Diario de Centro América, para sostener la vigilancia, la contención y la erradicación ante el alza de detecciones



