Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

El crimen organizado no solo utiliza la extorsión para obtener dinero de los negocios en México. También recurre a balaceras, incendios y explosivos para intimidar a comerciantes, obligarlos a cerrar o imponer condiciones sobre la venta de productos, los precios y los proveedores.

Las tiendas de abarrotes, tortillerías, farmacias, restaurantes y pequeños establecimientos forman parte de los blancos de estas agresiones.

Una investigación de Data Cívica documentó 343 ataques contra establecimientos comerciales y actividades productivas en 99 municipios de 29 entidades, entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

De acuerdo con la base de datos de la organización, el 79.3% de los negocios afectados eran micro o pequeñas empresas, un sector con menos recursos para absorber pérdidas, contratar seguridad privada o suspender sus actividades durante periodos prolongados.

Sinaloa encabezó los registros con 65 agresiones, cerca del 19% del total documentado. En el ámbito municipal, Culiacán acumuló 48 ataques, alrededor de uno de cada siete hechos registrados en el país. Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz también aparecen entre las entidades con mayor número de establecimientos agredidos.

La investigación forma parte de una nueva línea de trabajo de Data Cívica, vinculada con el proyecto Votar entre Balas, que busca documentar una dimensión de la violencia criminal que no siempre aparece en las estadísticas oficiales: las agresiones dirigidas contra negocios y actividades económicas.

La base recopila hechos reportados por medios de comunicación y los clasifica por fecha, ubicación, sector económico y modalidad de ataque. Por ello, sus cifras representan un mínimo de agresiones documentadas públicamente, no un censo de todos los establecimientos amenazados ni una estimación de la totalidad de delitos cometidos contra empresas.

El crimen organizado también impone proveedores y precios

La violencia contra los establecimientos no se limita a exigir pagos periódicos para permitirles operar. En distintas regiones, las organizaciones criminales intervienen en decisiones comerciales como la elección de proveedores, los precios de los productos y las rutas utilizadas para distribuir mercancías.

Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, explicó que los grupos criminales pueden llegar a decidir quién vende, a qué precio y a quién deben comprarle los comerciantes. Ese control afecta tanto a los propietarios de los negocios como a los consumidores, que pueden enfrentar menos opciones y precios condicionados por intereses delictivos.

Uno de los casos documentados ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, donde siete florerías anunciaron que cerrarían o suspenderían la venta de flores después de recibir exigencias de grupos criminales. Además de los pagos, los comerciantes habrían sido obligados a adquirir mercancía de proveedores impuestos y a precios más elevados.

El episodio muestra cómo las amenazas pueden extenderse a toda una cadena comercial: desde el abastecimiento de productos hasta su venta al público. Cuando los propietarios no aceptan las condiciones, el cierre puede convertirse en una alternativa para evitar nuevas agresiones.

En el campo, el control también alcanza a las actividades productivas. Data Cívica documentó ataques con explosivos improvisados contra huertas de limón y aguacate en municipios michoacanos como Buenavista, Apatzingán y Cotija. Algunas de estas agresiones dejaron jornaleros y productores muertos.

La violencia contra estos espacios no solo representa un daño a la propiedad. También pone en riesgo a quienes trabajan en las parcelas, interrumpe la producción y puede afectar el suministro de mercancías que llegan a mercados y establecimientos de otras regiones.

Disparos, incendios y explosiones, entre las agresiones documentadas

Los disparos de arma de fuego aparecen como la modalidad más frecuente en los ataques registrados por Data Cívica. Sin embargo, los incendios y las explosiones también forman parte del repertorio utilizado contra establecimientos y unidades productivas, y representan cerca del 40% de los casos, según la información presentada por la organización.

La extorsión aparece en aproximadamente uno de cada cinco ataques documentados. El resto incluye agresiones que, de acuerdo con la explicación de Data Cívica, pueden buscar intimidar a comerciantes y productores, imponer condiciones de operación o eliminar competidores.

La distinción es relevante porque no todos los ataques contra un negocio tienen como propósito inmediato obtener un pago. Una agresión armada o un incendio también pueden funcionar como mecanismos de presión para modificar la actividad económica de una comunidad.

En Sinaloa, la dimensión de este fenómeno coincide con una crisis de violencia que ha golpeado especialmente a Culiacán. La investigación coloca a la capital del estado entre los municipios con más agresiones contra establecimientos comerciales y actividades productivas.

El recuento periodístico de Noroeste también documentó al menos 181 ataques contra viviendas, locales comerciales y otras edificaciones en Culiacán durante 2025. En ese registro se incluyeron agresiones con disparos, incendios y actos de vandalismo. El medio contabilizó al menos ocho personas muertas y 32 heridas como consecuencia de esos hechos.

Aunque ambos registros tienen alcances y criterios distintos, permiten observar cómo los ataques contra inmuebles y negocios se han convertido en una expresión visible de la violencia que afecta a la economía local.

Una de cada cuatro empresas fue víctima de algún delito en 2025

La dimensión de la inseguridad que enfrentan los negocios también aparece en las cifras oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito durante 2025, equivalentes al 25.9% de las unidades económicas del país.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 calculó que durante ese año se cometieron alrededor de tres millones de delitos contra establecimientos, con un promedio de 2.2 ilícitos por cada unidad económica afectada.

La extorsión y el robo hormiga fueron los delitos más recurrentes. El sector Comercio registró la mayor tasa de victimización, con 30.5%, por encima de Servicios, con 22.9%, e Industria, con 18.8%.

El Inegi también estimó que el 91.8% de los delitos contra unidades económicas no fue denunciado o no derivó en la apertura de una carpeta de investigación. Esta cifra oculta dificulta dimensionar el impacto de la delincuencia sobre los establecimientos y muestra por qué los registros oficiales no necesariamente reflejan todos los hechos que afectan a los comerciantes.

Los datos de la ENVE y los de Data Cívica no deben sumarse ni interpretarse como si midieran el mismo fenómeno. La encuesta del Inegi estima la victimización empresarial por distintos delitos durante 2025, mientras que la investigación de Data Cívica reúne agresiones contra negocios y actividades productivas atribuidas al crimen organizado, a partir de información publicada en medios de comunicación.

En conjunto, ambas mediciones muestran dos dimensiones de un problema que afecta a la economía cotidiana: por un lado, los delitos que padecen los establecimientos y, por otro, la violencia utilizada para condicionar su funcionamiento.

Para los pequeños comercios, una amenaza puede significar modificar horarios, dejar de vender determinados productos, aceptar proveedores impuestos o cerrar definitivamente. En otros casos, los ataques armados, los incendios y las explosiones dejan daños materiales y ponen en riesgo la vida de trabajadores, propietarios y clientes.

La investigación de Data Cívica advierte que el control criminal sobre la economía local no puede medirse únicamente por el número de homicidios o las denuncias por extorsión. También debe observarse en las decisiones que los comerciantes y productores dejan de tomar libremente: qué vender, a quién comprarle, cuánto cobrar y si pueden mantener abierto su negocio.