A pedido de Nayib Bukele, el Congreso decretó el estado de excepción por la escalada criminal en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción a raíz de un “incremento desmedido” de los homicidios atribuido a las pandillas y que se cobró la vida de 76 personas en dos días, lo que supone un récord en la historia reciente del país.

“Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, consigna el decreto aprobado por amplia mayoría en el Parlamento.

El órgano Legislativo, con 67 votos de los 84 diputados, suspendió por un período de 30 días la libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.

El Gobierno de Nayib Bukele pidió al Congreso para “contener y reducir el repunte en los homicidios y garantizar la paz”, dado que considera que el país se encuentra ante “graves perturbaciones del orden público por grupos delincuenciales”.

Esta no es la primera vez que las pandillas, que poseen unos 70.000 miembros, ponen en jaque la estrategia gubernamental de seguridad durante el Gobierno de Nayib Bukele.

La Carta Magna salvadoreña estipula la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

Las garantías que el Congreso puede suspender al invocar este artículo son la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia, la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial.

También figuran la libertad de asociación, el derecho de todo detenido a ser informado de las razones de su arresto, la garantía de la asistencia de un defensor en los procesos judiciales y el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y consignación ante un juez.

Antes de pedir el estado de excepción, Bukele dijo que la Policía y el Ejército “deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”.

Además, señaló que la Fiscalía General de la República “debe ser eficaz con los casos” y que también “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”.

El presidente salvadoreño no aclaró si este mensaje es un respaldo al uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad.

Las autoridades no han dado detalles de las razones de esta alza, mientras que las cifras de la Policía permiten ver que el comportamiento de estos crímenes se ha mantenido arriba del promedio en varios días de marzo.

Con los homicidios registrados hasta el viernes, El Salvador alcanzó los 86 homicidios en marzo, según datos divulgados por la Policía, cifra superior a la registrada en enero y febrero, con 85 y 79 muertes violentas, respectivamente.

En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios que dejó más de 40 asesinatos en tres días, en ese contexto Bukele criticó los señalamientos de que su Gobierno tiene una “tregua” con las pandillas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2021 a dos funcionarios del Gobierno de Bukele por supuestas “negociaciones secretas” con la MS13.

Según Estados Unidos, Osiris Luna, director de las prisiones, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social “dirigieron, facilitaron y organizaron” una serie de encuentros con líderes de la pandilla encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar “una tregua secreta” con los jefes de la MS13.

Con información de EFE

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