El conflicto familiar que tiene al ex presidente chileno Eduardo Frei en quiebra

Un verdadero drama judicial de enormes proporciones ha impactado al ex presidente chileno, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y a su familia, luego que este acusara a su hermano menor por una estafa millonaria, y por otros seis delitos económicos en su contra.

El caso se arrastra desde agosto de 2019 cuando Francisco Frei Ruiz-Tagle, hermano menor del ex presidente chileno, se autodenunció frente a la fiscalía porque supuestamente engañó financieramente a su familiar.

El menor del clan reconoció transacciones ilícitas en la sociedad Inversiones Saturno S.A., de la que el dueño era su hermano y cuñada, y en la que Francisco tenía poder para actuar.

Francisco Frei habría firmado letras y pagarés a nombre de esta empresa sin el consentimiento de su hermano. Estas firmas habrían sido falsificadas, según Francisco Jacir, fiscal de Ministerio Público. Incluso, la huella digital del ex mandatario también habría sido suplantada por su familiar.

El 4 de octubre del 2019, Eduardo se querelló contra su hermano Francisco y lo acusó de sacarle de la caja de su empresa, Inversiones Saturno, un monto de $1.500 millones (USD 2.070.507) en 15 años.

Mediante estos actos, Francisco tenía el propósito no solo de dirigir dinero a sus intereses personales, sino que intentar rescatar a su empresa, Almudena, (una organización fuertemente endeudada), firmando una serie de instrumentos crediticios a nombre de la empresa de su hermano, sin su consentimiento ni conocimiento.

Esta situación gatilló que en septiembre de 2019, se conocieran una serie de demandas a Inversiones Saturno y a Almudena por $4.000 millones (USD 5.458.366). Entre los principales afectados se encontraban importantes bancos de Chile, sociedades financieras y personas naturales.

Todo esto provocó una verdadera crisis familiar en los Frei-Montalva, cuya descendencia en la política chilena se arrastra desde mucho antes que nuestros días: el padre de Eduardo y Francisco, Eduardo Frei Montalva, fue presidente de Chile desde 1964 y 1970, y su muerte (ocurrida en plena dictadura militar de Pinochet), se ha investigado dos veces para esclarecer si hubo o no intervención de terceros en su deceso.

Un ex mandatario al borde de la quiebra

El 16 de noviembre de 2020, la compañía de seguros de cesantía y crédito, AVLA S.A., solicitó la liquidación forzosa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, debido a los movimientos fraudulentos de su hermano.

Esta petición fue considerada “histórica” en su momento, ya que era la primera vez que se solicitaba la quiebra para un ex presidente de la república de Chile. En diciembre de ese mismo año, el ex mandatario lanzó una ofensiva para evitar su quiebra, insistiendo en que su hermano Francisco falsificó su firma para obtener un millonario crédito.

Además, en agosto de 2020, se realizó el primer embargo en contra del Presidente: una camioneta Cherokee Longitude de 2017, cuyo monto era de $15 millones (USD 20.468). Esto se ejecutó por una millonaria deuda que mantenía con el Banco Security por más de $90 millones (USD 122.813), en su calidad de aval de su hermano Francisco.

En octubre de 2019, el ex presidente Frei solicitó que no se le embargara su hogar ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago. Esta acción surgió tras la petición de embargo de Factop, que exigía el pago de $80 millones (USD 109.167) por dos letras de cambio giradas por Almudena.

En febrero del año pasado, el Banco de Chile presentó tres demandas en contra del ex mandatario, en calidad de codeudor solidario de su hermano Francisco Frei, por una deuda de $258 millones por tres créditos distintos.

Audiencia de formalización

Este martes, tras casi dos años de iniciado el caso, la justicia chilena formalizó a Francisco Frei, hermano del ex presidente, por estafa y otro seis delitos económicos.

Los siete delitos apuntan a la apropiación indebida, administración desleal, estafa, giro doloso de cheques, uso malicioso de certificados de depósitos, uso malicioso de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento público falso.

Tras tres horas de audiencia, la fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva para el imputado, pero esto no fue aceptado. En su reemplazo, se le decretó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.

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