La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este jueves sentirse “alarmada” por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones de defensa de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, especialmente por parte de gobiernos y otros altos cargos en posiciones de poder.
En los últimos dos años, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió numerosas denuncias por parte de estos organismos, entre los que se encuentran defensorías del pueblo y procuradurías de defensa de los Derechos Humanos, entre otros.
Dichas entidades aseguraron que están siendo acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios y grupos de autodefensa “simplemente por hacer su trabajo y cumplir con su mandato”, lamentó.
Así, Bachelet especificó en un comunicado, que los incidentes reportados incluyen “amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de la INDH en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal”.
Por ello, expresó que son preocupantes las declaraciones públicas que desacreditan la labor de este tipo de instituciones en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de estos organismos en países como Perú.
“También nos inquieta que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina”, aseveró antes de afirmar que “el hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”.
En este sentido, dejo entrever que las instituciones nacionales de Derechos Humanos independientes son “cruciales” para cualquier sociedad. Sin embargo, insistió que, “solo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los Derechos Humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y son capaces de mantener su independencia”.
De lo contrario, “perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, destacó. “Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi oficina y con los mecanismos de Derechos Humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política”, concluyó.
Por otro lado, pidió a los gobiernos de la región cumplir sus responsabilidades y respetar y proteger la independencia de dichos organismos. Además, reconoció que estas instituciones suponen un “reto” a los gobiernos porque sus mandatos “tienen el deber de poner de manifiesto algunas lagunas en la protección de los Derechos Humanos”.
Bachelet llamó a las autoridades a establecer “investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones” e hizo hincapié en que el papel de estas instituciones se volvió “aún más esencial” en el marco de la pandemia de coronavirus.
(Con información de EP)
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