Uruguay inició este lunes el regreso gradual a las clases de los niños que viven en sectores rurales por ser las zonas de menor incidencia del COVID-19, luego de que estas fueran suspendidas el 23 de marzo como consecuencia del incremento exponencial de los casos y muertes por COVID-19 que han tenido lugar durante las últimas semanas en el país sudamericano.
Unos 5.000 niños de 726 escuelas del interior del país retornarán a sus actividades pese a que la situación sanitaria no ha observado mejores notables.
No obstante, el presidente de la Asociación Nacional de la Educación Pública (ANEP), Robert Silva, destacó que este regreso a la presencialidad en las escuelas rurales “es seguro y responsable” y valoró “el compromiso” de los involucrados en la educación pública en el cumplimiento de las medidas sanitarias.
“Es fundamental monitorear este proceso y en eso estamos comprometidos. Porque la importancia que ratificamos en la educación pública la tenemos que llevar adelante en estos momentos de tantas dificultades”, expresó.
Agregó que aún restan 19 escuelas por iniciar sus actividades por “problemas con licencias” o por estar en obras y detalló que hay dos “en condiciones” en la espera de niños.
El retorno gradual a las escuelas fue anunciado el pasado 26 de abril en una rueda de prensa por el ministro de Educación Pública, Pablo Da Silveira; el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Silva, al término del Consejo de Ministros que evaluó la situación de la pandemia en el país.
Da Silveira subrayó en esa ocasión que “no es seguro” que en mayo todos los estudiantes retornen a las clases presenciales, sino que será un proceso progresivo, y resaltó que una de las ventajas actuales es que más del 70 % de los docentes están vacunados.
En dicha conferencia, tanto el mandatario como el titular de la cartera establecieron las fechas del 3, el 10 y el 18 de mayo como hitos para la incorporación progresiva a las aulas, si bien quedarán fuera de ese calendario la educación superior, la técnica y parte de la secundaria y primaria del país.
Pese a las elevadas cifras del COVID-19 durante abril, Lacalle Pou reiteró en varias ocasiones que su Gobierno no tomará más medidas coercitivas ante la “triste realidad” que afronta la nación sudamericana.
En este momento, los 19 departamentos se encuentran en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El país acumula un total de 204.120 casos positivos y 2.796 muertes, según un conteo del portal especializado en estadísticas Worldometers.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua
La Fundación del Río alertó sobre falta de atención médica, restricciones culturales y problemas de acceso a agua y alimentos de los ambientalistas encarcelados por el régimen
La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal
El conductor, lesionado en la pierna derecha, embistió la motocicleta de los presuntos agresores cuando huían, lo que permitió inmovilizarlos y trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica
Honduras realiza ocho vuelos de siembra de nubes tras 10 meses de sequía en el Corredor Seco
Después de aproximadamente 10 meses de sequía, productores del Corredor Seco de Honduras reportan lluvias de mayor volumen, mientras el Gobierno ha completado ocho de los 20 vuelos de siembra de nubes previstos para favorecer las precipitaciones.
Los Iluminati, la pandilla de Panamá con vínculos al Clan del Golfo que cayó en una operación con interceptaciones y allanamientos
Nueve de sus diez integrantes aprehendidos quedaron detenidos. La red operaba en varios sectores del este capitalino y tenía conexiones con una organización que trafica narcóticos desde Colombia
Más de 25 mil personas solicitaron asistencia legal para fijar cuotas alimenticias en El Salvador desde 2024
Las mujeres presentaron el 92,8% de los trámites ante la Procuraduría General de la República (PGR), según un informe de Ormusa
