
Las autoridades aduaneras de Ecuador interceptaron más de 1.500 teléfonos celulares de alta gama que cuatro pasajeros intentaban ingresar irregularmente al país por el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. El operativo, realizado el 19 de noviembre, fue calificado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) como la mayor aprehensión de celulares registrada bajo la modalidad de equipaje de viajero.
Los dispositivos llegaron aproximadamente a las 05:00 en un vuelo de Avianca procedente de Estados Unidos. Según el SENAE, tres de los pasajeros eran ecuatorianos y uno estadounidense. La mercancía estaba distribuida en ocho maletas, identificadas mediante labores de inteligencia, análisis de riesgos e inspecciones con equipos de rayos X.
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Durante el procedimiento, dos viajeros intentaron abandonar parte de sus equipajes en los baños de la terminal, mientras otro permaneció en el área de tiendas libres de impuestos. De acuerdo con Ecuavisa, también se encontraron maletas abandonadas en la banda de entrega de equipajes. El director del SENAE, Luis Váscones, indicó que en uno de los baños fueron localizadas tijeras y etiquetas.
Entre los artículos interceptados había teléfonos inteligentes de alta gama y consolas Nintendo Switch. La institución mencionó distintas denominaciones de iPhone, pero no publicó un inventario detallado por modelos ni precisó cuántas consolas fueron encontradas.
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Según declaraciones de Váscones recogidas por Ecuavisa, los teléfonos tenían precios referenciales de entre USD 1.300 y USD 1.500 por unidad. Aplicado a 1.500 equipos, ese rango supone un valor comercial estimado de entre USD 1,95 millones y USD 2,25 millones. La cifra es una proyección, no un avalúo oficial, y no equivale al monto de impuestos presuntamente evadidos.
Los cuatro pasajeros quedaron a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes. Hasta el 20 de noviembre, las autoridades no habían difundido sus identidades ni informado sobre una formulación de cargos. Tampoco se había establecido si actuaban por cuenta propia o si los dispositivos estaban destinados a terceros.
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El caso tiene un antecedente reciente en la misma terminal. El 5 de noviembre, el SENAE informó de la interceptación de 281 teléfonos iPhone nuevos y usados, procedentes de Panamá, en el equipaje de dos ecuatorianos. Según la institución, los viajeros dejaron sus maletas en el aeropuerto y regresaron dos días después para recuperarlas, una conducta considerada sospechosa por los agentes.
En conjunto, ambos procedimientos permitieron interceptar más de 1.780 celulares durante noviembre. No obstante, no existe información oficial que vincule a los involucrados en los dos episodios ni que permita atribuirlos a una misma organización.
Los decomisos se produjeron antes del Black Friday y de la temporada navideña, períodos de intensa actividad comercial para los establecimientos que venden productos tecnológicos. Váscones relacionó el refuerzo de las inspecciones aduaneras con estas fechas, según informó Ecuavisa. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que los equipos interceptados tuvieran como destino específico esas campañas de ventas.
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La proximidad de ambas fechas comerciales constituye un elemento relevante para los controles, aunque no demuestra por sí misma que los pasajeros pretendieran abastecer establecimientos locales. Hasta ahora tampoco se han identificado públicamente posibles compradores, distribuidores o negocios vinculados con el cargamento interceptado.
La normativa ecuatoriana permite ingresar como efectos personales un teléfono celular nuevo y otro usado, conforme a las condiciones establecidas por el SENAE. Para mercancías adicionales existen obligaciones de declaración y tributación. Su incumplimiento puede motivar procedimientos administrativos y, cuando concurren los requisitos legales, investigaciones penales.
El artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal establece penas de tres a cinco años de prisión para determinadas conductas de contrabando, además de sanciones económicas. La aplicación de ese artículo exige determinar los hechos y la responsabilidad individual; la aprehensión de mercancía no constituye por sí sola una condena.
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La autoridad aduanera aún debe establecer el valor definitivo del cargamento y el destino de los dispositivos. Tampoco ha comunicado una resolución final sobre la situación de los viajeros ni sobre el tratamiento que recibirán los equipos aprehendidos.
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