La Corte Nacional de Ecuador negó este lunes el pedido de apelación del ex presidente Rafael Correa y ratificó su condena de 8 años de prisión por hechos de corrupción, indicaron medios locales.
Correa, quien fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, se encuentra al momento exiliado en Bélgica, país de procedencia de su esposa Anne Malherbe Gosseline.
En el fallo del viernes también se ratificaron las condenas sobre Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, María de los Ángeles Duarte, Laura Terán y Pamela Martínez, miembros del gobierno de Correa, según reportó El comercio.
Hay en total 18 personas, entre ellas diez empresarios, que fueron halladas culpables por el “caso Sobornos” en Ecuador, y que recibieron condenas de 8 años de prisión.
El Tribunal de Apelación estuvo conformado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán, indicó El Telégrafo. Tras este revés para los acusados, sólo resta una última instancia de apelación ante el Tribunal de Casación.
La sentencia inicial fue dictada el 7 de abril. En ese momento los acusados, entre los que figura Correa y su vicepresidente Glas, fueron encontrados culpables de cohecho agravado y condenados a 8 años de presión e inhabilitados políticamente por 25 años.
En concreto Correa fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País, ante lo cual el tribunal dictaminó en abril que sí intervino en una red de corrupción montada bajo su Gobierno.
Durante la investigación, la fiscalía acusó al izquierdista Correa de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.
El ex presidente, que es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado “de payasada” el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al ex mandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.
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