El pastor Carlos Gerardo Cerrato, fundador del ministerio evangélico Pasión por las Almas, denunció que las autoridades estarían utilizando de manera indebida una lista de personas que dejaron las estructuras criminales y comenzaron procesos de rehabilitación.
“Nos están cazando”, expresó el religioso al referirse a la situación de quienes aparecen en ese registro. Según explicó, estas personas entregaron sus datos bajo el compromiso de recibir respaldo institucional y evitar que fueran detenidas únicamente por sus antecedentes, después de abandonar las organizaciones delictivas.
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Sin embargo, Cerrato aseguró que la información habría terminado siendo utilizada para identificarlas y facilitar su localización, en lugar de servir para gestionar el acompañamiento que originalmente se había planteado.
Registro incluiría a 200 personas
De acuerdo con el pastor, la iniciativa surgió a partir de una recomendación de Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien propuso elaborar un registro nacional de personas que habían abandonado las maras y pandillas.
El propósito era identificar a quienes habían iniciado procesos de rehabilitación y gestionar apoyo institucional para facilitar su reinserción en la sociedad.
Cerrato afirmó que se elaboró una lista con al menos 200 personas y cuestionó que la información recopilada para ese objetivo presuntamente esté siendo utilizada con otros fines.
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La denuncia genera preocupación sobre el manejo de los datos personales de quienes buscan apartarse de las estructuras criminales y reconstruir sus vidas.
En las declaraciones proporcionadas no se detallan las instituciones que tendrían bajo su poder el registro ni se incluye una respuesta oficial sobre el señalamiento.
La denuncia ocurre en medio de la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso Nacional para combatir las maras y pandillas, declaradas asociaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aumento de las penas, prisión perpetua para cabecillas, prisión preventiva obligatoria, ampliación de los plazos de detención y un régimen penitenciario de máxima seguridad.
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Estas medidas buscan endurecer la respuesta estatal contra las estructuras criminales, pero también han colocado en discusión la situación de quienes aseguran haber abandonado esos grupos y participan en programas de rehabilitación.
En las últimas semanas se han registrado detenciones de personas que se presentaban como predicadores o que fueron capturadas en entornos relacionados con actividades religiosas.
Estos casos han generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que algunos integrantes de estructuras criminales utilicen espacios de fe como fachada para evadir a las autoridades.
Iglesias piden respetar procesos de rehabilitación
Representantes de la Iglesia Evangélica han reiterado que respaldan la aplicación de la justicia y las acciones contra las organizaciones criminales, pero también han pedido que se respeten los derechos de quienes ya cumplieron condenas y han demostrado avances en sus procesos de rehabilitación.
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El debate se centra en la necesidad de diferenciar a quienes continúan vinculados con actividades delictivas de aquellos que buscan abandonar definitivamente las estructuras criminales.
La denuncia de Cerrato pone sobre la mesa la preocupación por la confianza de las personas que entregan información a organizaciones religiosas con la expectativa de recibir apoyo para su reinserción social.
Mientras no se esclarezca el uso que presuntamente se dio al registro, permanece el cuestionamiento sobre las garantías que tienen quienes deciden dejar las pandillas y participar en procesos de rehabilitación en Honduras.
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