Laura Fernández llama “vagabundos” a docentes en huelga, pide declarar ilegal la protesta y anuncia rebajo salarial

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció que su Gobierno buscará que se declare ilegal la huelga convocada por los sindicatos del sector educativo y advirtió que rebajará el salario correspondiente al día de protesta a los funcionarios que participaron en el movimiento, una manifestación que reunió a docentes, estudiantes y representantes de organizaciones gremiales en el centro de San José.

Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria lanzó fuertes cuestionamientos contra los dirigentes sindicales y aseguró que las razones utilizadas para justificar la movilización carecen de fundamento. Incluso calificó de “vagabundos” a quienes decidieron suspender sus labores para sumarse a la protesta.

“Esa huelga es absolutamente ilegal y le vamos a rebajar el día a los vagabundos que se prestan a ir a reclamar cosas que no existen”, manifestó Fernández durante su intervención, acompañada por el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández.

El anuncio se produjo mientras cientos de personas recorrían las principales calles de la capital para exigir el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública, así como el pago de obligaciones pendientes con los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional y mejores condiciones salariales.

Gobierno llevará la huelga ante los tribunales

El ministro Sánchez confirmó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ya coordinó con la Procuraduría General de la República (PGR) para promover una solicitud de declaratoria de ilegalidad ante el Juzgado de Trabajo correspondiente.

Según explicó, el Gobierno considera que las organizaciones sindicales no demostraron la existencia de una afectación social y económica que justifique la suspensión colectiva de labores.

El jerarca sostuvo que los principales argumentos de los sindicatos están relacionados con las obligaciones financieras del Estado ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el presupuesto educativo y la transición hacia el salario global.

Sin embargo, rechazó cada uno de esos reclamos y aseguró que la administración ha cumplido los compromisos asumidos con las organizaciones del sector.

Sánchez afirmó que espera que el juzgado valore la documentación que presente el Gobierno y resuelva sobre la legalidad de la protesta.

¿Se puede descontar el salario por participar en una huelga?

El anuncio presidencial también abre una discusión sobre las consecuencias económicas para los trabajadores que se ausentaron de sus puestos.

El artículo 379 del Código de Trabajo costarricense establece que la huelga suspende los contratos laborales de quienes participan en ella, por lo que durante ese período los trabajadores no están obligados a prestar servicios y el patrono tampoco está obligado a pagar las remuneraciones correspondientes.

La normativa distingue esta consecuencia salarial de las sanciones disciplinarias, para las cuales se requiere una declaratoria de ilegalidad. Asimismo, contempla excepciones relacionadas con incumplimientos graves atribuibles al empleador.

Fernández cuestiona a sindicatos pese a reuniones previas

La presidenta aseguró que durante sus primeros seis meses de administración sostuvo dos reuniones directas con representantes de las principales organizaciones sindicales de educación.

Según relató, en el último encuentro, realizado aproximadamente dos semanas antes de la manifestación, los dirigentes reconocieron avances en la coordinación institucional y en el cumplimiento de compromisos.

Fernández cuestionó que, pese a esas conversaciones, las organizaciones decidieran convocar a una huelga nacional.

La mandataria también acusó a los dirigentes gremiales de aprovechar las protestas y utilizó expresiones despectivas para referirse a su actuación.

“No se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos”, expresó al dirigirse a los trabajadores de la educación.

Asimismo, defendió los avances de su administración en infraestructura educativa, nombramientos en propiedad y atención de necesidades en centros de enseñanza.

Según dijo, el Ejecutivo trabaja en la apertura de nuevas escuelas y colegios, así como en proyectos destinados a resolver órdenes sanitarias pendientes en instituciones educativas.

Gobierno asegura haber pagado más de ₡55,000 millones (USD 122 millones) a JUPEMA

Uno de los principales puntos de conflicto se relaciona con las obligaciones financieras del Estado ante JUPEMA.

Sánchez explicó que en 2024 se alcanzaron acuerdos para atender deudas acumuladas entre 2018 y 2024, superiores a ₡35,000 millones (USD 77 millones), las cuales, según aseguró, fueron canceladas durante 2025.

También afirmó que durante 2026 el Gobierno adelantó pagos por más de ₡55,000 millones (USD 122 millones) y que el presupuesto de 2027 contempla más de ₡67,000 millones (USD 148 millones) para atender las obligaciones correspondientes.

En materia educativa, señaló que el presupuesto del MEP aumentó ₡207,000 millones (USD 460 millones) entre 2022 y 2026, pese a una reducción de aproximadamente 190,000 estudiantes matriculados.

De acuerdo con el ministro, esta combinación permitió un incremento del 22% en la inversión por estudiante. No obstante, esa comparación corresponde a montos absolutos y no resuelve por sí sola la controversia sobre el porcentaje del PIB destinado al sector.

Sindicatos denuncian recortes y exigen el 8% del PIB

La movilización de este miércoles fue convocada por organizaciones como la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), junto con agrupaciones universitarias.

Los manifestantes partieron a las 9:00 a. m. del parque La Merced y avanzaron hasta la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, para denunciar el deterioro del financiamiento educativo y reclamar mejoras en salarios y pensiones.

Los sindicatos también reclaman el pago de anualidades, recargos y lecciones de planeamiento, además de soluciones a los problemas derivados de la implementación del salario global.

Mientras el Gobierno sostiene que los compromisos han sido atendidos y que no existe justificación para suspender labores, las organizaciones gremiales defienden la movilización como una medida para exigir recursos y condiciones adecuadas para el sistema educativo.

La controversia quedará ahora en manos de la justicia laboral, que deberá determinar si el movimiento cumplió con los requisitos legales, mientras el Ejecutivo mantiene su intención de aplicar las consecuencias salariales anunciadas por Fernández.