El Foro Ciudadano por la Salud exige elevar a US$ 2,634 millones el presupuesto sanitario de Guatemala para 2027

El Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos exigió que el presupuesto 2027 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala alcance Q 20.148,73 millones (unos US$ 2.634 millones), con un aumento de Q 1.533,21 millones (unos US$ 200,4 millones) para ampliar la cobertura sanitaria en áreas rurales e indígenas.

La petición fue presentada durante una conferencia de prensa, mientras el Congreso discute el presupuesto general de la nación, fijado en Q 192.045,1 millones (unos US$ 25.104 millones). El Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo; si no reúne los votos necesarios, seguirá vigente el presupuesto de 2026

El Ejecutivo había propuesto Q 18.615,52 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La coalición sostuvo que esa cifra no alcanza para responder a las carencias de atención, infraestructura, prevención y personal médico que persisten en distintas regiones del país.

Si prospera el planteamiento, la cartera sanitaria dispondría de Q 3.611,05 millones más que en 2026, cuando contó con Q 16.537,68 millones. La propuesta prioriza el primer y segundo nivel de atención, la medicina preventiva y la ampliación de los servicios públicos.

Seis áreas para redistribuir Q 1.533,21 millones

La primera partida asigna Q 10 millones a la administración institucional para crear un mecanismo permanente de evaluación externa y participación ciudadana sobre las Funciones Esenciales de Salud Pública a cargo del ministerio.

El Foro propuso realizar reuniones presenciales en todos los distritos, debido a que estima que el 40% de la población guatemalteca no tiene acceso a internet, con mayores dificultades en las zonas rurales.

La infraestructura sanitaria concentraría Q 353,75 millones para construir, ampliar o mejorar 110 establecimientos. El listado incluye centros comunitarios, puestos de salud, maternidades periféricas y centros de atención integral materno infantil.

El programa de fomento de la salud y medicina preventiva recibiría Q 151,44 millones adicionales. De ese monto, Q 29,09 millones se dirigirían a la vacunación contra el virus del papiloma humano para niñas y adolescentes de entre nueve y 18 años.

Otros Q 65 millones financiarían el programa de medicina tradicional y alternativa y la atención a pueblos indígenas. La propuesta también prevé Q 40 millones para iniciar la descentralización de los servicios de salud mental y Q 17,35 millones para las Direcciones de Redes Integradas de Servicios de Salud de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, departamentos con el mayor número de personas retornadas de forma forzada al país.

La coalición advirtió que la salud mental recibe apenas el 1% del presupuesto total de la cartera. El 90% de esos recursos se concentra en el Hospital Nacional de Salud Mental Carlos Federico Mora, mientras el ministerio cuenta con 202 profesionales de psicología y solo cuatro médicos psiquiatras contratados.

La mayor asignación solicitada, de Q 553,94 millones, corresponde a la prevención de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica. El dinero cubriría micronutrientes para menores de cinco años, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda, además de alimentación complementaria para niños de menos de 24 meses.

Hasta el 24 de octubre de 2026, Guatemala había registrado 17.936 casos de desnutrición aguda infantil y 46 muertes vinculadas a esa causa, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social citadas por la organización.

La prevención de la mortalidad materna y neonatal sumaría Q 444,08 millones. Esa partida se destinaría a controles prenatales, apoyo a comadronas, planificación familiar y alimentación complementaria para embarazadas y madres lactantes; hasta el 30 de junio de 2026 se reportaron 108 muertes maternas.

El último bloque asigna Q 20 millones a la prevención y el control de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida.

Luis Amado, representante del Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos, planteó reducir los recursos que el ministerio transfiere a fundaciones y asociaciones privadas mediante Obligaciones del Tesoro. Según la coalición, esas transferencias ascienden a Q 340 millones y el proyecto presupuestario contemplaba incrementarlas en Q 75 millones.

Amado sostuvo que ese mecanismo favorece la privatización de los servicios y pidió una evaluación externa sin vínculos con el Congreso ni con el ministerio. También reclamó eliminar los pagos estatales de servicios médicos privados para funcionarios de los organismos del Estado.