Familiares de detenidos y muertos durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua conmemoraron este martes el Día Internacional de los Derechos Humanos con demandas de libertad y justicia en medio del asedio de las fuerzas de seguridad del sandinismo.
“Libertad” y “justicia” corearon los asistentes al acto de conmemoración del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que culminó con un plantón frente a policías antimotines que les impidieron marchar por las calles de Managua, la capital del país centroamericano.
Los manifestantes pidieron libertad para más de 160 opositores detenidos y justicia para 328 muertos en las protestas iniciadas en abril de 2018 contra una reforma de la seguridad social, que derivaron en un clamor por la renuncia del presidente sandinista Daniel Ortega, quien lleva 12 años en el poder.
Susana López, en representación de los familiares de las víctimas, denunció que las tumbas de sus familiares han sido profanadas por seguidores del régimen. Asimismo, comentó que los partidarios sandinistas les impiden entrar a las iglesias para honrar su memoria.
La celebración en un hotel capitalino estuvo cargada de emotividad, lágrimas y dolor, lo que para la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “es un grito desesperado de las madres que piden justicia para el ser que les fue arrebatado”.
Núñez aseguró que la violación de los derechos civiles y libertades públicas “no es un hecho aislado” sino una forma de gobernar para tener “sometida a la gente”.
“Esto debe terminar, nuestro llamado es acabar con esa política, que es la permanencia de Daniel Ortega y (su esposa y vicepresidenta) Rosario Murillo en el poder. Se tienen que ir ya”, exigió la presidenta del Cenidh.
En este contexto, y tras casi un año y medio de protestas y movilizaciones contra Ortega, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabilizó entre enero y noviembre 2.500 denuncias de violaciones de derechos humanos, menos que los 4.000 casos expuestos en 2018, lo que atribuyó al temor de la población a exponer sus quejas, según Marcos Carmona, director del organismo.
Recordó, además, que ninguna de las 328 muertes documentadas ha sido esclarecida o investigada.
Con información de AFP
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