Las denuncias sobre presuntas contrataciones estatales vinculadas a Deicy Jiménez abrieron la discusión sobre tres posibles delitos contra la administración pública y un eventual tráfico de influencias que podría comprometer al expresidente Gustavo Petro, si las autoridades hallan pruebas de que existieron beneficios contractuales a cambio de favores personales.
El análisis jurídico expuesto por el penalista Francisco Bernate, en La FM, planteó dos niveles de responsabilidad. El primero alcanza a los funcionarios que tramitaron, aprobaron o pagaron contratos. El segundo se relaciona con la posible intervención de Petro, a quien le correspondería responder ante la autoridad competente según la fecha de los hechos y las pruebas que se recauden.
PUBLICIDAD
La controversia surgió tras las declaraciones de Jiménez, que aseguró que mantuvo una relación personal con Petro desde 2019 y que recibió contratos de prestación de servicios en distintas entidades públicas.
También afirmó que otras mujeres habrían tenido vinculaciones similares. El exmandatario y dirigentes del Pacto Histórico rechazaron las acusaciones y las calificaron como un montaje político.
Interés indebido en la celebración de contratos
<br>
La primera conducta que podría revisarse es el interés indebido en la celebración de contratos, un delito que se configura cuando un servidor público interviene en un proceso contractual con un interés particular, propio o de un tercero.
Según Bernate, la investigación tendría que establecer quiénes participaron en la estructuración de los contratos, quiénes justificaron la necesidad del servicio y qué criterios se usaron para determinar la idoneidad de Jiménez.
PUBLICIDAD
“Los primeros responsables son quienes firmaron esos contratos”, afirmó el abogado penalista durante una entrevista con La FM. El punto central sería determinar si las entidades contaban con soportes técnicos, administrativos y presupuestales que demostraran la necesidad de cada vinculación.
En este frente, las autoridades tendrían que revisar órdenes de prestación de servicios, estudios previos, actas de supervisión, informes de actividades y certificaciones de cumplimiento. También deberán establecer si hubo funcionarios que intervinieron para beneficiar a una persona determinada, al margen de los requisitos ordinarios de contratación.
Contratos sin cumplimiento de requisitos legales
El segundo posible delito es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que puede investigarse cuando un funcionario celebra o tramita un contrato sin observar los procedimientos exigidos por la ley.
PUBLICIDAD
El análisis se concentra en la documentación que acompañó las vinculaciones atribuidas a Jiménez. De acuerdo con las versiones conocidas, se habrían presentado cuentas de cobro e informes de actividades que ahora son objeto de cuestionamientos por su contenido y alcance.
La eventual investigación deberá precisar si los contratos cumplían con los requisitos formales y materiales: la necesidad institucional, la capacidad de la contratista, la definición clara de las tareas y la supervisión real de los servicios.
La discusión no se limita a comprobar que existió un contrato. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, si asumen competencia, tendrían que verificar si los documentos reflejaban una prestación efectiva del servicio o si fueron usados para respaldar pagos sin una contraprestación verificable.
PUBLICIDAD
La sola existencia de una relación personal entre un funcionario y una contratista no prueba un delito. La relevancia penal dependerá de que se demuestre un beneficio irregular, el incumplimiento de las reglas contractuales o el uso de recursos públicos para fines ajenos a la función estatal.
Peculado por apropiación a favor de terceros
El tercer frente señalado por Bernate es el peculado por apropiación a favor de terceros. Esta conducta podría configurarse si un funcionario autorizó pagos con recursos públicos a sabiendas de que no correspondían a actividades realmente ejecutadas o a servicios que justificaran el desembolso.
El penalista sostuvo que la responsabilidad recaería sobre quienes ordenaron o avalaron los pagos, siempre que se pruebe que los recursos salieron de las entidades sin respaldo contractual suficiente.
PUBLICIDAD
Los datos mencionados en las denuncias incluyen contratos en el Congreso de la República entre 2021 y 2024, además de vinculaciones posteriores con otras entidades. Entre ellas figuran la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La investigación deberá establecer el monto exacto de los contratos, los periodos de ejecución, los productos entregados y la trazabilidad de los desembolsos. También será necesario determinar si hubo otras personas beneficiadas bajo un patrón similar al denunciado por Jiménez.
El eventual tráfico de influencias que podría atribuirse a Petro
Respecto de Gustavo Petro, Bernate indicó que la hipótesis penal que podría ser objeto de análisis es la de tráfico de influencias de servidor público.
PUBLICIDAD
La figura implica que un funcionario utilice indebidamente su posición o sus contactos derivados del cargo para obtener una decisión favorable de otro servidor público. En este caso, la investigación tendría que demostrar que Petro impartió instrucciones, ejerció presión o hizo gestiones para favorecer contratos a nombre de Jiménez.
“Lo que hemos visto es que el asunto pasaría por un presunto tráfico de influencias”, sostuvo Bernate. Aun así, la existencia de mensajes, videos o relaciones personales no es suficiente por sí sola para atribuir responsabilidad penal. La Fiscalía o la autoridad competente deberá probar una relación entre una intervención concreta del entonces funcionario y las decisiones de contratación.
PUBLICIDAD
La fecha de los hechos será determinante. Si las conductas ocurrieron cuando Petro era senador, el caso podría quedar bajo competencia de la Corte Suprema de Justicia. Si los hechos se relacionan con su periodo presidencial, la ruta incluiría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, debido al fuero constitucional aplicable a los presidentes y expresidentes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Abogado de Petro cuestionó millonarios sueldos en el Fondo Milagro y denunció una campaña mediática contra el expresidente: “Planean generar más controversias”
En un mensaje publicado en X, Alejandro Carranza sostuvo que la discusión pública dejará en segundo plano problemas asociados con violencia y asistencia a víctimas
Habló la empresaria colombiana radicada en Miami a quien señalaron de millonario fraude: defiende la legitimidad de la inversión en EE. UU., tras reapertura del caso en un juzgado de Bogotá
“La administración de justicia va a entender, como ya lo hizo al momento de archivar, que lo denunciado no es un delito, sino una disputa comercial, dijo en diálogo con Infobae Colombia, la empresaria Esther Porto, que se refirió a la orden un juzgado en Bogotá emitió al ente investigador
Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero
La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores
Fiscalía citó a interrogatorio a Angie Rodríguez para que dé su versión sobre la red de 48 mujeres que llegaron al Gobierno de Gustavo Petro: podría negociar un preacuerdo
La diligencia buscaría establecer si la exfuncionaria pudo incurrir en delitos como abuso de autoridad por omisión de denuncia y celebración indebida de contratos durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia
Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de noviembre
Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil
