La Asociación de Magistrados se posicionó a favor del fallo de la jueza Pura Concepción Book, que recientemente denegó la realización de un aborto legal a una mujer uruguaya por petición del padre, abogando por la independencia judicial en el país.
"Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura", dicta el comunicado de la Asociación. Asimismo, señala que "el principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes".
Además, el escrito establece que "toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente".
El pasado 23 de febrero la Justicia uruguaya emitió un fallo por el que se ordenó suspender la realización del aborto a una mujer, tras un recurso de amparo solicitado por el padre, y pese a regir en el país la conocida como Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ante esto, la mujer apeló la decisión.
Según las portavoces, la magistrada, apeló al derecho de la vida del embrión y estableció un abogado para él fundamentándose en el Código de Familia a petición del progenitor, mientras que, según indicaron medios locales, procedió de acuerdo a sus "convicciones personales".
La ley 18.987, conocida como "Ley del aborto", fue aprobada en 2012 bajo la presidencia de José Mujica (2010-2015) y, entre sus artículos, se detalla que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada cuando la mujer cumpla con los requisitos establecidos y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez.
Organizaciones feministas mostraron su apoyo a la mujer a la que se denegó aborto
Cerca de 15 colectivos feministas mostraron su apoyo a la mujer uruguaya a la que recientemente se obligó a suspender su aborto legal por petición del padre y mostraron su rechazo ante el fallo judicial que consideran "inédito" y "un abuso de autoridad".
"Esta intervención ha sido inédita, además, fuera totalmente de cualquier marco legal que ampare la intervención de la jueza", dijo a la agencia de noticias EFE la directora de la ONG feminista Mujer y Salud en Uruguay (MUSY), Lilián Abracinskas.
"Es realmente un abuso de autoridad que cometió la jueza, nosotras entendemos que actuó sobre convencimiento, porque en nuestra legislación no existe el derecho del concebido", agregó por su parte la integrante de la organización Cotidiano Mujer, Lilián Celiberti.
En el comunicado emitido, las organizaciones exigieron "una rápida decisión del Tribunal que anule la decisión de la jueza y que el Estado garantice que la mujer acceda inmediatamente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que había solicitado en su pleno derecho y cuyo proceso ya estaba en curso conforme con los requisitos establecidos".
"En los juicios de familia se suele nombrar un abogado de oficio en defensa del niño o de la niña, pero en este caso estamos hablando de un embrión, no estamos hablando de una persona y además ¿con quién consulta ese abogado?, ¿qué interpretación hace?", dijo Abracinskas.
En ese sentido, la directora de MYSU aseveró que la legislación vigente recoge que "es persona después de 24 de nacido, ósea, postnacimiento" y que la juez apeló a ese convenio "como si estuviera hablando de un niño o una niña".
"Además se le nombra abogado al feto pero la mujer tiene que hacer su propio patrocinio, es realmente muy absurdo", agregó.
Por otro lado, Celiberti puntualizó que concretamente en esta situación se da que la pareja ya no tiene "una relación de pareja". "No han establecido un pacto y un acuerdo para tener un hijo. Las mujeres no son un recipiente del bebé de otro", declaró.
"Si él quiere ser padre tiene todo el derecho del mundo, pero primero tiene que aprender a que no le puede imponer a una mujer que mantenga un embarazo para él", dijo en este sentido Abracinskas.
La directora de la ONG se mostró confiada en que el fallo final sea favorable a la mujer, pero dentro de las 12 semanas establecidas por ley para poder proceder al aborto, porque si no la estarían "perjudicando".
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