
El huracán Milton es la última señal de que los legisladores de Florida tienen que hacer mucho más para apuntalar el raquítico mercado de los seguros de propiedad y mantener la viabilidad del estado para los propietarios de viviendas. Las reformas recientes se han centrado en las medidas de menor calado, pero el cambio climático exigirá que los legisladores tomen medidas más audaces y políticamente impopulares.
La buena noticia es que las aseguradoras privadas entraron en esta temporada de huracanes en una posición mucho mejor. Esto se debe, en parte, al aumento de las primas que se ha trasladado a los consumidores en los últimos años; a las reformas para frenar una oleada de litigios excesivos y a menudo frívolos contra ellas; y a un breve período de tiempo menos que terrible.
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“Están en una posición financiera sólida para actuar como primeros intervinientes financieros ante el huracán Milton”, me dijo el miércoles Mark Friedlander, portavoz del Insurance Information Institute, un grupo del sector. Mientras el estado hace balance en los próximos días de las pérdidas humanas causadas por Milton, muchos residentes pueden consolarse sabiendo que sus aseguradoras pueden ayudarles a rehacer sus vidas.

Lo que está claro, sin embargo, es que parte de la mejora ha sido una simple función de la suerte meteorológica. Y la suerte no es una estrategia eficaz a largo plazo para mantener a flote el negocio de los seguros de propiedad residencial. Como ha escrito mi colega de Bloomberg Opinion, Mark Gongloff, el cambio climático está haciendo que las tormentas sean más potentes a su paso por aguas oceánicas cálidas.
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En el momento de escribir estas líneas, no estaba nada claro cuáles serían los daños de Milton. Pero no cabe duda de que, año tras año, las probabilidades van en nuestra contra. ¿Qué más deberían hacer los responsables políticos?
En primer lugar, el Estado debería actuar con más contundencia para reducir Citizens Property Insurance Corp., respaldada por el gobierno, la llamada aseguradora de último recurso. Lejos de ser el último recurso, Citizens se ha convertido en la principal aseguradora de Florida, con una cuota de mercado del 18,5% y cientos de miles de pólizas en la zona del estado más expuesta a la última tormenta.
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La entidad, respaldada por el Estado, es ahora tan grande que se interpone en el camino de un mercado de seguros sano y eficaz. Emite pólizas por debajo de las tarifas actuariales adecuadas, limitando así la capacidad de las aseguradoras privadas para fijar correctamente el precio del riesgo. También introduce un riesgo moral al permitir que los propietarios de viviendas asuman demasiados riesgos, lo que puede poner en peligro a más personas de las que habría en caso contrario.
Si no tiene dinero suficiente para cubrir las pérdidas aseguradas en caso de catástrofe, Citizens tiene derecho, según la legislación de Florida, a imponer a todos sus clientes un gravamen imprevisto para ayudar a cubrir la diferencia. En caso necesario, también puede imponer dicho gravamen a todos los floridanos con pólizas de seguro.
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Según un comunicado de prensa de julio, se necesitarían pérdidas superiores a 14.400 millones de dólares para llegar a eso, un huracán que ocurre una vez cada 74 años. Ese es un resultado insulto-daño que los floridanos necesitan desesperadamente evitar tras una catástrofe.

En segundo lugar, las autoridades locales deberían ampliar los incentivos para contratar seguros contra inundaciones. Mientras que la sostenibilidad del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones se enfrenta a sus propias preguntas, el hecho es que el seguro contra inundaciones efectivamente suscrito por el gobierno federal está disponible a un precio relativamente bajo para la mayoría de los floridanos, y sin embargo la mayoría de ellos no lo tienen.
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Menos de 1 de cada 5 tienen pólizas de seguro contra inundaciones, y las tasas de adopción son mucho más bajas en los centros de población del interior. Como demostró el huracán Helene en Carolina del Norte, las inundaciones extremas pueden ocurrir en cualquier parte, y el riesgo es cada vez mayor con el cambio climático.
En virtud de las últimas reformas, la mayoría de los asegurados residenciales de Citizens pronto estarán obligados a tener un seguro contra inundaciones, normalmente proporcionado a través del NFIP. Es un paso en la dirección correcta. Pero los gobiernos estatales y locales tienen que explorar nuevas y audaces opciones para mejorar el índice de cobertura de 1 en 5, incluida la vinculación con los impuestos sobre bienes inmuebles.
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La gente siempre es bienvenida a optar por no participar y auto-asegurarse, pero el valor por defecto debe ser asumir que la cobertura de inundaciones es necesaria en la mayor parte de Florida. Si lo convierte en una prioridad, el gobernador republicano Ron DeSantis tiene la influencia en su partido para conseguir que se aprueben estos cambios.
Como residente, no soy un entusiasta del sector inmobiliario de Florida. Mejores modelos de valoración de riesgos, normas de construcción más estrictas y el puro ingenio humano ayudarán al Estado del Sol en los próximos años. Pero no hay duda de que vivir aquí en la era del cambio climático tiene un precio. Si los responsables políticos quieren mantener el sector de los seguros a largo plazo, tendrán que aceptar esa realidad, por muy impopular que sea a corto plazo.
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Esta columna no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial ni de Bloomberg LP y sus propietarios.
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Jonathan Levin es columnista especializado en economía y mercados estadounidenses. Anteriormente trabajó como periodista de Bloomberg en Estados Unidos, Brasil y México. Es titular del CFA.
(c) 2024, Bloomberg
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