El juicio contra Evo Morales está suspendido hasta que sea aprehendido o se presente ante la Justicia

El juicio que se sigue contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), por el delito de trata agravada de personas estará suspendido hasta que comparezca voluntariamente ante la justicia o sea detenido por la Policía.

El exmandatario fue convocado mediante edicto a la audiencia de juicio oral que se instaló en la ciudad sureña de Tarija el lunes 11 de mayo. Tras su inasistencia, el juez Carlos Oblitas ratificó la declaratoria de rebeldía contra Morales y volvió a emitir una orden de aprehensión: la cuarta en un año y medio.

Morales está imputado por el presunto vínculo con una menor de edad durante su presidencia. El proceso judicial inició en septiembre de 2024 y desde entonces, el exmandatario fue convocado a declarar ante la Fiscalía en dos ocasiones —en octubre de 2024 y enero de 2025—, pero en ningún caso se presentó, alegando supuestas irregularidades en el proceso y falta de garantías.

En ese marco, Morales permanece atrincherado en su bastión de Lauca Ñ, en la región Tropical de Cochabamba, al centro del país, bajo la custodia permanente de sus seguidores para evitar su captura.

“El que no se proceda a la ejecución de este mandamiento sigue paralizando la realización de este juicio; no se puede realizar el juicio sin la presencia de los imputados”, explicó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, en una entrevista con Radio El Deber.

Según las investigaciones, Morales habría abusado de una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija en el año 2016, y a cuya familia habría beneficiado con cargos políticos durante su gestión, por lo que los padres de la víctima también fueron implicados en el caso.

La semana pasada, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, señaló que se han recolectado más de 170 pruebas en contra del exmandatario, y la Fiscalía informó que pedirá 20 años de cárcel.

Según la defensa de Morales, la víctima —que hoy es mayor de edad y se encuentra radicada en Argentina junto a su hija— habría presentado un memorial ante el Tribunal de Sentencia Penal de Tarija, en el que niega el delito y pide la nulidad del proceso.

Desde que el caso salió a la luz pública, ni Morales ni su equipo de abogados negaron el vínculo con la víctima. Sin embargo, denunciaron que el caso responde a una persecución política de los gobiernos del expresidente Luis Arce (2020-2025) y del actual Rodrigo Paz en su contra para inhabilitarlo políticamente.

Días antes del inicio del juicio oral, el líder cocalero escribió en su cuenta de X: “Para tapar su desastrosa y corrupta gestión, el gobierno ejecuta en mi contra una brutal persecución judicial y mediática con causas armadas para aniquilarme moral y físicamente”.

Consultada sobre las denuncias de instrumentalización de la justicia con fines políticos, la magistrada Ruiz señaló que “el Órgano Judicial no se va a prestar a persecuciones de ninguna naturaleza” y afirmó que si el exmandatario comparece ante la Justicia y demuestra su inocencia, “será liberado”. “No somos actores políticos”, afirmó en referencia a los jueces.