El gobierno de Italia quiere prohibir por completo las redes sociales a los menores de 13 años. La mayoría de centroderecha presentará el 18 de noviembre, en la Cámara de Diputados, una enmienda al decreto de seguridad sobre criminalidad juvenil, con el objetivo de que sea ley antes de que termine el mes.
La información fue adelantada por la Repubblica y confirmada por fuentes parlamentarias, según La Stampa. El texto fue redactado con la participación de Palazzo Chigi, la sede del gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.
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La norma divide a los jóvenes en tres tramos. Por debajo de los 13 años, la inscripción en plataformas quedará vedada. Entre los 13 y los 16 solo se permitirá un perfil vinculado al de un padre o una madre. A partir de los 16, el registro será libre.
Según los diarios, el esquema sigue la línea del reglamento europeo sobre protección de menores en internet, que la prensa italiana llama Kids Act. El gobierno no quiere esperar a que esa norma comunitaria entre en vigor.
Bruselas pidió no legislar todavía
La Comisión Europea invitó a los Estados miembros a no aprobar leyes propias hasta que exista la normativa común, según La Stampa. El gobierno italiano decidió avanzar igual: aprobará la enmienda y abrirá después un diálogo con Bruselas.
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El texto retoma dos proyectos de ley ya redactados: el de la senadora Lavinia Mennuni, de Fratelli d’Italia, el partido de Meloni, y el de la diputada Marianna Madia, de Italia Viva. La Stampa prevé un apoyo de varios partidos.
Hoy la ley italiana exige que los menores de 14 años cuenten con el consentimiento de sus padres para abrir una cuenta. Rainews informó en octubre que esa regla se elude con facilidad, porque no existen herramientas certificadas para comprobar la edad de los usuarios.
De los disturbios de Milán a la enmienda
El impulso político nació en octubre, después de los violentos disturbios callejeros en Milán. Meloni dijo entonces a la Repubblica que no se oponía a vetar las redes a menores de 14 años y dejó el asunto en manos del Parlamento, según Il Sole 24 Ore y Rainews.
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El Consejo de Ministros había aprobado el decreto de seguridad el martes 20 de octubre, sin incluir la restricción. La propuesta actual fija el límite en 13 años, no en 14.
Las críticas de la oposición apuntaron al retraso. La senadora del Partido Democrático Simona Malpezzi afirmó que la primera ministra “descubre hoy una urgencia que en el Parlamento conocemos desde hace tiempo” y atribuyó el bloqueo al gobierno. La senadora del Movimiento 5 Estrellas Barbara Floridia dijo que los proyectos estaban detenidos desde hacía más de dos años.

Mennuni sostuvo que su proyecto ya estaba acordado con Bruselas y listo para votarse. Madia anunció en octubre que su grupo presentaría su propia enmienda al decreto.
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La enmienda se depositará el 18 de noviembre, fecha en que vence el plazo para presentar modificaciones al decreto en la Cámara de Diputados. Después deberá pasar por las comisiones competentes antes de llegar al pleno.
Países que siguen iniciativas similares
Más de 20 países —entre ellos Grecia, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Francia— replicaron desde diciembre de 2025 la prohibición de redes sociales a menores que inauguró Australia para los jóvenes de 16 años, en un contexto de litigios millonarios contra Meta y YouTube (que desembolsaron más de 17.000 millones de dólares) y de una documentada crisis de salud mental juvenil, con estudios que muestran un aumento de hasta el 104% en enfermedades mentales graves entre adolescentes respecto a hace 50 años.
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Sin embargo, los primeros datos sobre la eficacia de estas medidas generan escepticismo: en Australia, el país con la restricción más avanzada, un sondeo de la Molly Rose Foundation reveló que el 61% de los menores con cuentas en plataformas restringidas seguía accediendo a ellas, y el 70% calificó de “fácil” burlar la prohibición mediante VPN, identidades falsas o alteración de datos biométricos.
Ari Lightman, profesor de la Universidad Carnegie Mellon, cuestiona que el veto total sea la solución y propone en cambio estándares de seguridad por defecto en las plataformas, educación digital y mecanismos accesibles de derivación a servicios de salud mental, ante la falta de pruebas concluyentes de que las redes sociales sean la causa principal de los problemas psicológicos juveniles.
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